El pasado 8 de febrero en la Delegación del Bienestar Coahuila se firmó un contrato aparentemente menor e inofensivo que sin embargo mueve a suspicacias.

Se trata de una rutinaria compra de material de limpieza para las oficinas, la cual incluso se realizó con el proveedor de costumbre: Patricia Lizzeth López Rodríguez, una persona física domiciliada en Saltillo.

A lo irrelevante de la adquisición (100 conceptos que van desde trapeadores hasta bolsas para basura o papel higiénico) acompaña un relevante ‘detalle’ -por llamarlo de alguna manera- en los números: un gasto de 196 mil 551.72 pesos, identificado en el contrato 2714496, se convirtió de un plumazo en 196 millones 551 mil 720 pesos al agregarle un cero a la derecha de la cantidad inicialmente referida, e ingresarla al sistema de expedientes y contratos en Compranet, la plataforma electrónica que registra información pública gubernamental en materia de contrataciones.

Ese cero de más naturalmente provoca que la cifra original se multiplique por mil. La pregunta es: ¿en pleno 2022 se podría hacer eso sin consecuencias y a ojos vistos?

El ejercicio es muy recurrido por la Administración pública federal en sus contrataciones: convocan a una licitación independientemente de la cuantía del negocio, invitan a tres personas y, cumplido el plazo para la presentación de ofertas, la declaran desierta; posteriormente adjudican directamente los bienes o servicios requeridos a un proveedor que generalmente resulta beneficiado. Eso garantiza los mismos favorecidos de siempre y evade las reglas mínimas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Enjuague y repita. Es el modus operandi de la “transformación”.

Y ahí no acaba el asunto. Con el “arrendamiento de local para oficina”, identificado con el folio BIEN/SA/COAH/002/2022 a favor de Diana Carolina de Hoyos Hernández, sucedió lo mismo: en el sistema fue reportado por 7 millones 806 mil 206 pesos, cuando en realidad se firmó por 78 mil 062 pesos con seis centavos. Más que aritmética, es un asunto de puntuación. Y de mala o deliberada praxis por increíble que parezca.

Así como dirigentes y representantes de Morena descalifican al INE con historias increíbles a propósito de la campaña que han emprendido contra el árbitro electoral en la víspera de la revocación de mandato, en el ideario colectivo existen otras leyendas urbanas igualmente descabelladas, como la presunción que un político al mando de un presupuesto es capaz de agregarle ceros a una cuenta pública en beneficio de su bolsillo. Así de simple y llano. Se baja el cero y no contiene.

En ese micro mundo mitológico, cuasi fantástico, nos encontramos.
Y no es la primera ocasión en que una contabilidad ‘peculiar’, por decirlo así, es detectada en la Delegación del Bienestar en Coahuila, a cargo de Reyes Flores Hurtado.

En este mismo espacio se publicó el 24 de enero de 2021 (“Un peculiar ejercicio de alquimia financiera en la superdelegación de Coahuila”) que, en todo 2020, las compras realizadas por la dependencia (12, en total) fueron facturadas curiosamente por la misma cantidad: 207 mil 759 pesos, sin IVA.

Así, por ejemplo, desembolsó una idéntica cifra por “arrendamiento de mobiliario para los operativos de los Programas para el Desarrollo”, “producto alimenticio para el personal dentro de las oficinas”, “adquisición de material, útiles y equipos menores”, “servicio de impresión de material informativo”, o “material de limpieza” aún y cuando se trata de conceptos distintos entre sí, y suponen costos diversos.

Y si bien la cifra total (2 millones 892 mil pesos) pudo entonces no ser relevante, su importancia radica en el manejo sui generis de los recursos públicos. Una de dos: o la Delegación lleva una administración meticulosa, tan exacta que coinciden todos los rubros hasta en los centavos, o se firman contratos al vapor, sobre las rodillas, con tal de justificar el uso discrecional del dinero, sin ningún tipo de control ni auditoría.

Cortita y al pie
Asuntos kafkianos. Ahí es donde una vez más puede gestarse una relación peligrosa entre gobernante-gobernado: ni nosotros tenemos por qué informar, ni ustedes tienen por qué saber. Un vínculo basado en la confianza y la buena fe, además de la popularidad y aceptación (a la baja) del Presidente.

Pero no en la rendición de cuentas, lo verdaderamente importante.

La última y nos vamos
Por lo demás, ¿se imagina que se pudiese hacer eso en los tiempos políticos tan convulsos y de retroceso administrativo que se viven en áreas como transparencia, fiscalización y auditoría gubernamental?

Porque no se puede hacer eso en realidad, ¿verdad?