Ciudad de México.-  Ismael Eugenio Ramos Flores, secretario de Finanzas durante Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, fue llevado ante la justicia federal y vinculado a proceso por un presunto desvío de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, con sede en Torreón, procesó esta madrugada al ex funcionario por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, informaron fuentes ministeriales.

Dado que los delitos no prevén la prisión preventiva de oficio, el impartidor de justicia le impuso la presentación periódica a la Unidad de Medidas Cautelares, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del País sin autorización judicial.

También el juzgador estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo previsto para que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa del procesado reúnan sus respectivos datos de prueba.

En noviembre de 2020, REFORMA dio a conocer que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) inició esta indagatoria contra Ramos Flores y otros ex colaboradores del Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila.

La carpeta de investigación FED/FECC/FECC-COAH/0000087/2019 fue abierta por una denuncia que el 3 de junio de 2019 presentó la Secretaría de la Función Pública por pagos ilegales de la Secretaría de Finanzas de Coahuila con cargo a fondos públicos.

En particular, la SFP se querelló contra los ex funcionarios porque se gastaron al menos 475 millones de pesos del Fortafin en 15 contratos de consultoría y servicios profesionales de los cuales no hay evidencia de que efectivamente hayan sido proporcionados.

En este asunto, la Función Pública también denunció a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron como director general y director de Adquisiciones, respectivamente, en la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

Otro de los denunciados fue Edgar Julián Montoya de la Rosa, el ex subsecretario de Egresos de Coahuila, quien falleció el 8 de julio de 2018.

Ramos Flores ya estaba en la mira de diversas autoridades fiscalizadoras por las irregularidades en el ejercicio de los recursos, durante su gestión de 2011 a 2017.

En 2016, la Auditoría Superior del Estado lo acusó por desvíos de más de 400 millones de pesos a empresas “fantasma” y fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

En diciembre de 2020, la Tesorería de la Federación (Tesofe) le inició un procedimiento porque, junto con otros siete ex funcionarios estatales y municipales y una empresa privada, no devolvieron 92 millones de pesos que no fueron gastados en los proyectos a los que estaban destinados entre 2016 y 2018.

El caso por el que ahora está procesado está relacionado con recursos del Fortafin, un fondo creado en el 2016 en sustitución del Programa de Contingencias Económicas para atender las solicitudes de los Gobiernos estatales y, en su caso, los municipios.

Tenía dos tipos de convenios para otorgar subsidios, el de Fortalecimiento Financiero y el Fortalecimiento Financiero para la Inversión.

El fondo ejerció en ese año 62 mil 258 millones de pesos, que representan el 53 por ciento del total del Ramo 23, al que pertenecían.

En un informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que el Fortafin carecía de reglas de operación o lineamientos que permitieran indicar su objetivo, asÌ como los beneficiarios a los que estaba dirigido.

En 2017, el último año de Ramos en la Secretaría de Finanzas, Coahuila recibió mil 396.6 millones de pesos a través del Fortafin, de los cuales mil 110 millones estaban previstos para el gasto corriente y 286.6 millones al gasto de capital diferente de obra pública.

En enero de 2018, Coahuila tenía pendiente de solventar observaciones 369.8 millones de pesos, por concepto de distribución del total de las participaciones federales de 2016, así como 32.2 millones del ejercicio de los mismos recursos en ese año.