Se cumplió la amenaza y el lobo apareció.

Si en un plazo de seis a siete meses el Gobierno de la 4T no empareja el terreno a la inversión de Estados Unidos y Canadá y en el sector energético, las sanciones comerciales podrían alcanzar no menos de 10 mil millones de dólares.

Andrés Manuel Lopez Obrador recibió muchos avisos de los inversionistas y los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau, para que las empresas de esos países tuvieran “trato nacional” respecto a Pemex y CFE, que dirigen Octavio Romero y Manuel Bartlett, respectivamente.

Pero resultaron infructuosas las visitas de la secretaria de Energía estadunidense y del enviado especial para temas de cambio climático, Jennifer Granholm y John Kerry, en cada caso.

Tampoco los posicionamientos de congresistas como John Cornyn, Ted Cruz, Michael C. Burgess, Bruce Westerman, August Pfluger, Kelly Armstrong, Clay Higgins y James M. Inhofe, entre otros.

Tampoco sirvieron de mucho los comentarios de la jefa de la Oficina de Representación Comercial, Katherine Tai, ni de la ministra canadiernse, Mary Ng, vamos, ni los esfuerzos del embajador Ken Salazar.

Ni López Obrador ni el Gobierno mexicano puede decir que la solicitud de una consulta en el marco del T-MEC, por parte de Estados Unidos y Canadá, “es una sorpresa”.

El lobo se veía venir: la amenaza no fue atendida por la novatez de la Secretaría de Economía para administrar el acuerdo trinacional, que junto con las remesas, es el motor de la economía nacional.

¿Qué viene ahora? Consultas gobierno a gobierno durante 30 días para que las huestes de Tatiana Clouthier expliquen a las autoridades de Estados Unidos y Canadá por qué no existe piso parejo para la inversión energética.

Seguramente las respuestas de las 4T no van a satisfacer, a menos que el tabasqueño decida dar trato nacional y entonces se apliquen las reglas del TMEC en un plazo menor a 75 días, y “seguimos como amigos”.

El escenario es que el Gobierno mexicano estire la liga y vaya a un panel donde haya un árbitro mexicano, otro de Norteamérica y uno de otra región o imparcial que decidan lo que ya sabemos.

Pero de antemano ya se conoce el sentido de la resolución y posterior laudo arbitral: México violó el TMEC en materia energética y se hará acreedor a sanciones comerciales.

Después del fallo, y si no hay acuerdo, México deberá pagar con aranceles altos a las exportaciones mexicanas por el valor del daño causado a los socios comerciales.

Aunque la propia Tai habló de unos 10 mil millones de dólares, hay quienes piensan que pueden rebasar los 15 mil y hasta 20 mil millones de dólares, si agregamos los daños a Canadá.

Por eso es una irresponsabilidad decir que “no va a pasar nada” o más aún decirle a la oposición: “¡uy qué miedo”! La economía y el empleo depende en buena medida de las exportaciones.

EN 2021 LA Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, reveló que las familias incrementaron 40% los gastos en salud. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que lleva José Nabor Cruz, puntualizó que de 2018 a 2020 la población con carencia en el acceso a los servicios de salud se incrementó de 20.1 millones de personas, a 35.7 millones. En el lapso 2019-2021 el consumo de medicamentos por parte del sector público cayó 7%, 33% y 41% en 2019, 2020 y 2021, respectivamente. El sector público, en lugar de consumir alrededor de mil 600 millones de unidades de medicamentos, en lo que va de esta Administración está consumiendo solo mil 200 millones, lo que exhibe la fallida estrategia de la actual Administración derivando en un grave problema de desabasto en el sistema nacional de salud pública. Una consecuencia es el incremento del gasto de bolsillo, que aumentó 7.3%, al pasar de 42.1% en 2019, a 49.4% en 2020, de acuerdo con estimaciones que ha realizado la SHCP de Rogelio Ramírez de la O. En la medida en que las coberturas financiera y material en salud continúen con esta tendencia, el fenómeno del gasto de bolsillo continuará afectando a las personas, particularmente a las más necesitadas.

LA PRIMERA VEZ que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a la figura de “seguridad nacional” para blindar jurídicamente uno de sus megaproyectos insignia, fue para asegurar la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sin embargo en ese caso sí aplicaba legalmente, porque se trataba de un polígono de la Secretaría de la Defensa Nacional, la principal base aérea militar del país, Santa Lucía, pero en el caso del controvertido Tren Maya, tirar los amparos con el argumento otra vez de la seguridad nacional es un exceso, es antijurídico y no tiene ningún paralelismo con la nueva terminal aérea.

SE ESTIMA QUE el Gobierno federal dio anticipos por unos 2 mil 800 millones de pesos a Grupo México para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, pero no se alcanzaron a aplicar en su totalidad los recursos, ya que la obra quedó suspendida desde mediados de abril pasado por los recursos legales que promovieron los grupos ambientalistas. Se estima que la empresa de Germán Larrea se gastó la mitad del adelanto y vino una conciliación de números que el Fonatur está obligado a transparentar. Lo que llamó la atención fue que la Secretaría de la Defensa que comanda Luis Cresencio Sandoval ya no los subcontrató.

POR CIERTO QUE tras de que se declaró hace una semana al Tren Maya como proyecto de “seguridad nacional” y las secretarías de Gobernación, de Adán Augusto López, y de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, tomaron su control y administración, ¿qué hacemos con el Fonatur y con Javier May? Esta dependencia, a la que Andrés Manuel López Obrador le quitó todas sus atribuciones y le encomendó única y exclusivamente ese megaproyecto insignia, se quedó sin materia. Lejos quedaron sus funciones de banca de segundo piso, proyectista de centros integralmente planeados y promotor del turismo.

EL PRESIDENTE ESTÁ reivindicando a su amigo, Octavio Romero, por encima de la que se veía como su consentida de los grandes proyectos de refinación petrolera: Rocío Nahle. Una señal más de que Andrés Manuel López Obrador está soltando a la todavía secretaria de Energía para encomendarle otras funciones, es que metió de lleno a Romero en la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, que le decía se le asignó directa y totalmente al Grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips, un contrato de por lo menos 3 mil millones de dólares, pero la interrogante sigue sin disiparse: quién entra a Energía.