Tal cual les advirtió su propio senador morenista Ricardo Monreal en junio pasado, los eventos proselitistas disfrazados de asambleas informativas, que los dirigentes, candidatos presidenciales y estatales de Morena, llevaron a cabo el 12 y 26 de junio de 2022 en el Estado de México y Coahuila, respectivamente, efectivamente resultaron ser actos anticipados de campaña, y sin duda, ponen en riesgo la seguridad jurídica de las elecciones del próximo 2023, así como la presidencial.

Esta consideración se confirmó el miércoles pasado, cuando el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual confirmó el requerimiento que hiciera el Instituto Nacional Electoral (INE), para que los servidores públicos y militantes de Morena dejaran de realizar y/o participar en asambleas como la del 26 de junio en nuestro estado, ya que las mismas “podrían generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.

En ambos acuerdos del TEPJF y del INE se incluyen los nombres de personajes considerados como presidenciables y hasta de los adelantados, que, aprovechando sus cargos políticos, han iniciado sendas y prematuras campañas electorales buscando la candidatura y la Gubernatura de nuestro estado.

Para las autoridades electorales los coahuilenses: Armando Guadiana, senador de la República; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal; Reyes Flores Hurtado, delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Coahuila; Jonathan Ávalos Rodríguez, Presidente Municipal de Francisco I. Madero; Evaristo Lenin Pérez Rivera y Luis Fernando Salazar Fernández, son los principales autores de estas amañadas e ilegales acciones.

Para quien dude de que el evento realizado el pasado 26 de junio en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, organizado por las dirigencias estatal y nacional de Morena, y con la presencia de los candidatos presidenciales para el 2024 y los estatales para la elección del próximo 2023, es un acto anticipado de campaña, y quienes consideren que fue excesiva la resolución del TEPJ, les compartiré la definición que da la ley electoral respecto a tal supuesto, la cual dice a la letra:

“Se entenderán por actos anticipados de campaña, aquellos que realicen los partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos de campaña electoral, cuya finalidad consista en solicitar el voto de la ciudadanía en favor de una candidatura, para acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de Gobierno o posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección interna.

“Quienes incurran en actos anticipados de campaña o incumplan con las disposiciones del presente Código en materia de precampañas o campañas, se harán acreedores a las sanciones que al efecto determine este Código, independientemente de que el Instituto queda facultado para ordenar la suspensión inmediata de los actos anticipados de campaña”.

Como es de verse, con lo poco que supieron, a los del INE y del TEPJF les fue suficiente para declarar una medida cautelar urgente, imagine usted qué resolverán cuando se enteren que, a nuestro estado, estas mismas personas, lo han llenado ya de anuncios espectaculares promoviendo sus imaginarias candidaturas.