Sabinas, Coah.- Una medida de no repetición es cancelar todos los títulos de concesiones sobrepuestas a minados viejos como el pozo de carbón “El Pinabete” donde ocurrió el accidente el pasado 3 de agosto.

De Pasta de Conchos a diciembre 2021, han muerto 80 mineros en pozos o cuevas, y gracias al apoyo de cuadrillas de rescate de Minosa y Micare la totalidad han sido devueltos a sus familias.

Pero todo esto podría haberse evitado, asegura Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos y defensora de los Derechos Humanos, tras dar a conocer la situación que se vive en esta zona del estado.

“ No hay ningún cambio en la región, los mineros siguen muriendo y las familias llorando porque únicamente son usados para alimentar un proyecto de energía insostenible, como lo hemos denunciado desde lo ocurrido en el 2006 en la mina 8, las condiciones estructurales que causaron los hechos no se han revertido”, asegura.

Recordó que en diciembre del año 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica; medio ambiente, vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos por la explotación de carbón mineral en el municipio de Sabinas.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esa recomendación, pero los poblados de ese municipio continúan viviendo de la misma manera y otro accidente más vuelve a causar dolor e incertidumbre entre las familias.

Tres años después, la OIT respondió con un informe en el que daba la razón a la totalidad de los argumentos, “esto permitió que se aumentara el número de inspectores en las minas de carbón en el país y se estableciera un modelo coadyuvante de inspección en minas de carbón que disminuyó hasta en 97 por ciento las muertes en las minas”, dijo.

Sin embargo este logro se perdió en la presente administración federal, con consecuencias mortales, como lo mostraron los casos de los mineros muertos en Rancherías y Obayos.

Auerbach Benavides agregó que el 18 de febrero del presente año, nuevamente recurrieron a la OIT, interponiendo un nuevo reclamo contra el gobierno de México por los actos y omisiones en que ha incurrido en los casos de las Cuevas de Rancherías, de Obayos y por la entrega de contratos para la compra de carbón a CFE y por no adoptar las medidas necesarias que siguen manchando el carbón de sangre.

Finalmente hizo el llamado al Estado Mexicano a realizar con diligencia cuanto esté a su alcance para el rescate, pero sobre todo a revisar de fondo las condiciones de la minería en la zona.