España.- La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por hechos que podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios en relación a un contrato del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa por el que se adquirieron 500 mil batas desechables

La Fiscalía comunitaria trata de aclarar un contrato de medio millón de unidades tramitado con una empresa china durante la primera ola de la pandemia. Ingesa abonó casi 16,7 euros por cada protector desechable cuando el Grupo del PP de Madrid asegura que se ofertaban a 0,28 y 0,33 céntimos

Medio millón de batas hospitalarias desechables valoradas a priori en un millón de euros, pero se acabaron pagando 11 sin justificación aparente. Un nuevo contrato bajo sospechosa tramitado durante la primera ola de la pandemia, en marzo de 2020, vuelve a saltar a la palestra.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para conocer por qué se produjo un sobrecoste de diez millones en la adjudicación del Ministerio de Sanidad bajo la etapa de Salvador Illa, y si estos hechos constituyen delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios, ya que la totalidad del contrato fue abonado con una partida procedente de la UE.

En un decreto adelantado por ‘ABC’, la delegación española de la Fiscalía Europea ha reclamado la competencia de estas diligencias después de que la Fiscalía Anticorrupción española, bajo la batuta de Luis Pastor, asumiera estas pesquisas tras una denuncia del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid el pasado 22 de abril.

Se trata de la compra de 500.000 batas desechables a la sociedad Weihai Textile Group por un precio que sería “notoriamente superior» al de mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad”. Fue suscrita el 27 de marzo de 2020 a partir de un recibí proforma expedido por la empresa dos días antes. Se pagaba por adelantado cada unidad a 16,7 euros y a cambio se entregarían 100.000 batas por semana a partir del 2 de abril siguiente.

La Fiscalía Europea, que el pasado mes de julio recibió toda la documentación que tenía Anticorrupción, se hace eco sobre los hechos que denunciaron los populares madrileños en relación al precio: que en esas fechas había otras dos empresas suministrando batas desechables como las adquiridas por Sanidad que, en lugar de los casi 17 euros la unidad, costaban entre 0,28 y 0,33 céntimos de euro cada una.

Referencias y comisiones

El decreto llama la atención, además, sobre otros detalles de aquella adjudicación. Señala que en un recibo proforma expedido por la empresa china a Ingesa constaba su identificación completa y su domicilio social, pero en la firma del contrato no aparece nada más que el nombre de la mercantil. “Se omitió cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso su domicilio, reflejándose únicamente que estaría ubicada en España“, expone la Fiscalía Europea.

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Así consta en la publicación en el BOE de 28 de abril de 2020 del anuncio de formalización del contrato. Sin embargo, examinado el expediente digital enviado, resulta patente que la Administración conocía todos los datos identificativos de la sociedad”, añade el decreto. Incide en que “no consta ninguna referencia ni al objeto social de la empresa ni a su solvencia económica ni a la capacidad de hacer frente a las obligaciones del contrato”.

Era una mercantil china y su domicilio “no se publicó hasta el BOE del 4 de mayo”, mediante una corrección de errores. Para entonces, como desarrolla la fiscal, “no sólo se había formalizado ya el contrato, sino que ya habría sido pagado en su integridad el precio y, según factura, debía haberse ejecutado íntegramente”.

Respecto al pago, el decreto se detiene en las condiciones que recogía el recibo emitido por la empresa a Sanidad y la memoria justificativa del contrato, que añade una cuantía sin justificar dentro del monto de 11.034.969,49 euros pactado.

En concreto, refleja que el precio ofrecido por Weihai era de 8.423.640,83 euros por las batas y un IVA de 1.768.964,58 euros, más un total de 842.364,08 euros en concepto de “tasas, aranceles y otros 10%”. “No consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe, no permitiendo, por tanto, determinar qué concretos servicios se incluían en ese pago”, dice el decreto sobre el supuesto 10% de comisión.

Fuente: El Comercio