En esta colaboración periodística se hace hincapié en la necesidad de regular a las instituciones bancarias ante la globalización financiera. Se ilustra mediante el siguiente ejemplo: en 1929, con los Acuerdos de Letrán, que reconciliaban al Gobierno italiano con la curia romana, surgía el Estado de la Ciudad del Vaticano, enclavado en el corazón de Roma, en una superficie de alrededor de 40 hectáreas y una población que a la fecha no sobrepasa los mil habitantes.

Lo diminuto que pueda parecer geográficamente ese asentamiento humano, no opaca el poder moral y político que tiene la Iglesia católica en el mundo, cuya doctrina es acogida por cerca de mil 200 millones de personas esparcidas en todos los continentes. Otras de las peculiaridades son que sus residentes no pagan impuestos al fisco, sus ingresos provienen principalmente de las aportaciones monetarias que realizan sus diócesis localizadas fuera de Roma.

Al reconocerla como entidad independiente y soberana, paulatinamente establecía relaciones diplomáticas con más de 100 países del planeta. En cada uno de ellos, un representante (nuncio) de la Iglesia funge como embajador de la Santa Sede; en México fue hasta 1992 cuando el Gobierno restablece los vínculos diplomáticos entre el Estado y la Iglesia.

También gracias a la investidura jurídica y financiera que adquiría como país, el Vaticano pudo organizar formalmente en 1942 el Instituto para las Obras de Religión (IOR), siendo su primer presidente un cardenal nombrado por el Papa en turno. Uno de los objetivos de la institución era administrar las donaciones que hacían los fieles del resto del mundo a la Iglesia, al desprenderse de sus bienes materiales, sin dejar de lado el manejo de los depósitos que hacían los sacerdotes y laicos.

Con el transcurso del tiempo se presentaron cambios en la dirección del instituto, por ejemplo el que se dio en 1971, que fue significativo porque permitió la diversificación de sus actividades financieras en Europa y Sudamérica, y con ello se popularizaba o resurgía entre la opinión pública el llamarle al IOR, Banco del Vaticano. Algunas de sus inversiones se canalizaron hacia el Banco Ambrosiano en Italia, que fue organizado por un ferviente católico, cuyas intenciones eran apoyar con créditos “blandos” a las familias italianas menos favorecidas económicamente.

Al ser el socio mayoritario de ese banco, pudo formular políticas crediticias y de capital dirigidas a engrosar la cartera de clientes, que incluyó diversos inversionistas tanto de la economía regulada como de la informal. Lamentablemente el Ambrosiano se declaró en quiebra en 1982, y como una muestra de solidaridad y compromiso moral, el IOR cubrió los depósitos que los ahorradores tenían con la institución en bancarrota.

No obstante, y a pesar de acciones “caritativas”, el banco del Vaticano enfrentaba presiones de la Unión Europea porque no cumplía a cabalidad con las normas internacionales de la transparencia y contra el lavado de dinero; esa fue una de las razones para que en 2009 llegara a la dirección del banco un laico, el economista italiano E. G. Tedeschi, quien hizo una limpieza en la cartera de inversiones, cancelando cientos de cuentas de origen “desconocido” u opaco.

En 2012 fue separado del cargo, pero la labor de saneamiento ya se había iniciado. Al asumir el pontificiado (2013) el cardenal electo, que al calzarse las sandalias del pescador asume el nombre de Francisco, se especulaba que el IOR desaparecería del mundo financiero, pero sucedió todo lo contrario, el Papa argentino, por una parte organizaba la Secretaría de Economía del Vaticano, y por la otra le daba más poder al IOR, emitiendo el siguiente decreto de corte centralista: cualquier inversión que realicen los departamentos de la Santa Sede debe gestionarse a través de esta institución financiera. Se percibe que existe la confianza de las autoridades eclesiásticas en la estructura financiera vigente, a raíz de los cambios que ha hecho el actual Pontífice, para dejar en el pasado el desorden y la opacidad.