Gran polémica se desató por la cruel muerte de un cachorro de oso negro causada por más de 20 personas que sin motivo aparente, capturaron, torturaron y mataron a una cría de oso, el mes pasado, en la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Castaños, en nuestro estado de Coahuila.

La barbarie quedó grabada en un video que se difundió a través de redes sociales, que descubría cómo gente de ese municipio, amarraron y golpearon hasta la muerte, a un pequeño oso negro que lo único que buscaba era agua y comida. Los atacantes hicieron todo frente a los policías de ese municipio. Ante el escándalo provocado por el video, las autoridades aseguraron que abrirían una investigación para castigar a los culpables.

Según dijeron, la Fiscalía General del estado, inició de inmediato una investigación por el maltrato y muerte de este espécimen en peligro de extinción; Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo que presentaría una denuncia penal contra los responsables del evento.

Las imágenes generaron la condena de activistas y usuarios de las redes sociales que aseguraban, en su mayoría, que el atentar contra esta especie es un delito del orden federal, por lo que pedían al Gobierno de México castigar inmediatamente a los responsables, algunos otros, aseguraban que el Gobierno coahuilense era quien debía sancionar este delito

Si bien es cierto, en Coahuila el artículo 293 Bis 1 del Código Penal del estado habla sobre los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales; También cierto es, que preferentemente se debe aplicar lo establecido por el Código Penal Federal, mediante el Artículo 420, que mandata penas a quienes capturen a algún ejemplar de la fauna silvestre, y que ponga en riesgo la viabilidad biológica de su población. Debiendo entonces, ser la Profepa, la que pudiera castigue con mayor eficacia este delito.

Sin ánimo de expiar las culpas de cualquier Gobierno, la realidad es que, en periodos anteriores se hacía mucho por el Gobierno federal para la conservación del oso negro. En las administraciones anteriores, se contaba con programas permanentes dedicados a la protección de esta especie que cada día peligra más.

En junio de 1991, el régimen gobernante creó el Instituto Nacional de Ecología, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, que contaba con un equipo técnico operativo, con especialista en la conservación y el manejo del oso negro en México.

En aquel tiempo, Coahuila tenía la mayor población de oso negro en el país y contaba con un programa de Conservación, Manejo y Protección de esta fauna y de su hábitat, en el que participaban autoridades federales, estatales, municipales, universidades, grupos ecológicos y la sociedad civil, y que todos ellos coincidían en que al oso negro coahuilense debía protegérsele de manera absoluta, ya que contrario a lo que todos piensan, no son animales agresivos y mucho menos asesinos, sino que, el oso negro solo consume carne cuando encuentra algún cadáver en su camino.

Esta última aclaración, debe dejarnos en claro que a quien debemos llamar asesinos, es a aquellos que provocaron la muerte de la osezna, aunque también a aquellos gobernantes que por cuidar los recursos y los votos, deciden abandonar estos programas que han sido tan importantes para todos.