Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado se integrará con 27 diputados locales, luego de que este martes se aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que contempla dos diputaciones más a favor de los grupos vulnerables.

El dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, contenía el decreto por el que se reforman los artículos 27, 33, 35 y 77 de la Constitución Política del Estado, en materia político-electoral a iniciativa de Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, así como por la diputada Luz Elena Morales.

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Se requiere dos terceras partes en su votación es la iniciativa del Ejecutivo, del Gobernador y si no mal recuerdo es la iniciativa de Luz Elena Morales que tiene algunas modificaciones en el orden constitucional en materia de género”, agregó el diputado presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro.

La reforma contempla que los grupos vulnerables tendrán representación en el Congreso del Estado. Las personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otros, podrán acceder a alguna de estas dos nuevas diputaciones.

El Congreso del Estado se renovará cada tres años, se integrará con 16 diputaciones electas según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales, y con 11 diputaciones electas por el principio de representación proporcional, entre ellas, dos para grupos vulnerables.

Para la elección de estas dos diputaciones, el Estado se dividirá en dos circunscripciones específicas. La primera con los distritos locales 1 al 8; y, la segunda, con los distritos 9 al 16, explicó el diputado Ricardo López Campos.

Agregó que los partidos políticos participarán de manera individual en la asignación de estas diputaciones y serán otorgadas exclusivamente a la ciudadanía que pertenezca a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se aprobó la propuesta de Luz Elena Morales, diputada del Partido Revolucionario Institucional, en materia de género, en la que estipula que los agresores sexuales, deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos de elección popular.