“Ya nadie se acuerda de los mineros de Coahuila, y tanto drama que hizo AMLO por Pasta de Conchos”.

El tuit del abogado Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República y ex embajador de México en Francia, pone el dedo en la llaga. Hoy se cumplen 67 días del accidente en la mina El Pinabete, en Sabinas, donde los cuerpos de 10 mineros permanecen sepultados.

Promesas van y promesas vienen y no hay mayores avances ni del rescate de los cuerpos ni en el esclarecimiento de los puntos oscuros alrededor de la tragedia: ¿quiénes son los verdaderos propietarios de la mina? ¿Cuáles eran sus redes de operación?

Hay más preguntas: ¿estaban los mineros adscritos al Seguro Social? ¿Los inscribieron al IMSS después del derrumbe, como informó el presidente el 12 de agosto? ¿Así nomás? ¿Es eso posible?

El hilo se cortó por lo más delgado. La detención de un joven identificado como Cristian Solís Saavedra, presunto operador y “explotador” de la mina, no convence a nadie. Algunos medios lo han calificado como prestanombres de los verdaderos propietarios.

A Cristian se le detuvo luego de que la Interpol emitiera una ficha roja contra él y dos personas más: Luis Rafael García y Arnulfo Garza. En el caso de Cristian no era necesaria la ficha de la Policía Internacional para buscarlo en 195 países: fue detenido cuando caminaba como uno más en las calles de Agujita, el poblado de Sabinas donde se encuentra la mina.

De los otros dos detenidos, probablemente los propietarios reales de la mina, no se sabe nada. Siguen prófugos. A los tres se les acusa de explotar un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización.

Hay muchas dudas y pocas respuestas: si la empresa concesionaria de la mina y la compañía explotadora no tenían permisos, ¿por qué operaban a sus anchas a la luz del día? ¿Quién los dejaba trabajar?

Algo más: el Servicio Geológico Mexicano (SGM) establece en una ficha de verificación para avalar una atrocidad: “La empresa resulta confiable para ser un proveedor de carbón ante CFE. Y, faltaba más, la Comisión le otorga contratos.

¿Cuántos “pocitos” más operan de manera irregular en la región carbonífera para venderle barato a los coyotes? Hay quienes estiman la cifra en más de 60.

¿Nadie sabía de las condiciones en que operaba El Pinabete? ¿Ningún funcionario, inspector o altos servidores públicos están involucrados? No cabe duda, para bailar el vals se necesitan dos.

Mientras las dudas, las sospechas y el escepticismo crecen, los mineros siguen enterrados y sus familiares en espera de un rescate prometido que, probablemente, no llegue nunca, como no ha llegado en Pasta de Conchos.

Las autoridades han insistido en la posibilidad de rescatar los cuerpos tanto en El Pinabete como en Pasta de Conchos, donde 63 de 65 mineros que murieron el 19 de febrero del 2006 permanecen sepultados.

La recuperación de los cuerpos es la más sentida demanda de los familiares y de la sociedad, pero el Gobierno debería afrontar con mucha responsabilidad el caso y no alentar mayores expectativas.

Desde mayo del 2019, el mismo presidente López Obrador ordenó una vehemente operación que involucraba ayuda de Estados Unidos, China y Alemania para la recuperación de los 63 cuerpos de Pasta Conchos.

Tras una fuerte dosis de críticas y reproches contra quienes desistieron del rescate en el pasado, su gobierno lanzó entonces un Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, encabezado por las secretarías del Trabajo y de Energía y el SGM. También integró un comité de seguimiento.

No hay, que se sepa, mayores logros. Como bien se dice, en la política se promete en verso y se gobierna en prosa.

Ya van 67 días del accidente en El Pinabete. Castigar la corrupción, encarcelar a los culpables, indemnizar de la mejor manera a los familiares y procurar la educación y el desarrollo de los hijos de los mineros caídos es la mejor manera de honrar a las víctimas. Así sea.