Saltillo, Coah.- En la primera reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el legislador coahuilense, Jericó Abramo, fue tajante, pero con argumentos serios, al solicitar que se consideren temas puntuales en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023.

Ante la presencia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y del procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, el diputado federal fue claro al requerir el apoyo de los diputados para brindarle a México un mayor crecimiento económico.

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No olvidemos a las personas del campo, hay que otorgarles beneficios fiscales a todos los productores agrícolas, pero también debemos fortalecer con mayor presupuesto a los estados y municipios en relación a la seguridad”, prosiguió, “así como la protección a la ciudadanía de los llamados ‘montadeudas’”.

Asimismo, Jericó Abramo hizo énfasis en otorgar beneficios fiscales a los productores agrícolas del país, un sector que fue olvidado en los tiempos más fuertes de la pandemia y que hoy requiere todo el apoyo.

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El año pasado nos quedamos debiendo a los productores rurales de brindarles la posibilidad de que puedan deducir hasta 1.3 millones de pesos sobre sus ingresos, ya que esto les permitirá motivar un sector que fue olvidado durante la pandemia, la cual la enfrentó sin incentivos fiscales”, enfatizó, “esto amigas y amigos legisladores, es algo que podemos concederle a las y los campesinos de México”.

Además, se refirió al tema de las empresas que otorgan créditos fraudulentos a la ciudadanía y que están, mediante una plataforma, lacerando la economía de millones de familias en México. 

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Hay un tema de esta Comisión y en la de Economía para modificar el artículo 106 y 111 de la Ley de instituciones de Crédito para poder combatir a los llamados “montadeudas” que han defraudado a más de 350 mil familias por medio de plataformas”, puntualizó, “ya está la iniciativa presentada, trabajemos juntos, ya sólo vayamos a aprobarla”.

Abramo Masso también puntualizó en  la importancia de incrementar el monto etiquetado para fortalecer la seguridad de los estados y los municipios, el cual debería ser de 10 mil millones de pesos.