Los gobiernos requieren de recursos económicos para realizar todas sus funciones, las cuales le permiten dotar a la comunidad desde la provisión de los servicios públicos hasta la solución de situaciones no planeadas, que pueden ocasionar problemas a la comunidad, como lo fue la pandemia por Covid19.

Los recursos económicos, vamos, el dinero, con el cual los gobiernos realizan sus funciones y logran su operación, solo puede obtenerse de tres fuentes: por supuesto la primera que se nos viene a la mente y es la más grande e importante, son los impuestos. La segunda fuente de financiamiento es la venta de bienes y/o servicios, como lo es, para el caso de México, la venta del petróleo al exterior, o bien la gasolina al interior, o como lo fueron las ventas de las paraestatales en la década de los 90. La tercera fuente que le permite a cualquier gobierno obtener recursos es la deuda pública.

En teoría, el recurso que se obtiene por cualquiera de estas vías es utilizado para dar seguridad pública, educación, salud, defensa territorial, seguridad social, el pago de la burocracia, entre muchas otras responsabilidades más.

De estas formas de ingreso existe una que es peligrosa en caso de no realizarse de una manera responsable, y me refiero a la deuda pública, la cual se puede explicar como el conjunto de todas las obligaciones financieras que tiene, no solo el Gobierno, sino también los organismos o institutos autónomos, los fideicomisos y las empresas paraestatales.

Para septiembre de este año teníamos, sí, en plural e incluyéndonos, pues es de todos los mexicanos, una deuda pública de 10 billones 785.5 mil millones de pesos. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mexicana sobrepasará la frontera de 50% del PIB para el año 2023, es decir, que la deuda que tendremos será mayor a la mitad de todos los bienes y servicios que produzcamos en nuestro país ese mismo año. Incremento, porcentual, que año tras años hemos experimentado, señalando que hace 4 años, nuestra deuda pública equivalía al 44.85% del PIB.

Es cierto que hay economías en el mundo cuya deuda, comparada con su propio PIB, son mucho más altas que la mexicana; por ejemplo, para 2021 la deuda pública española equivalía al casi 119% del PIB, o bien los nipones tienen una deuda pública de casi 2 veces y medio de su PIB, o bien nuestro vecino del norte tiene una deuda equivalente al 128% del PIB.

Por primera vez, desde que el FMI ranquea las deudas públicas, México estará en el segmento de economías que se pintan de amarillo, en el cual se encuentran quienes debemos entre 50 y 75% del PIB.

Más allá de los porcentajes, o de las comparaciones con el resto del mundo, la realidad es que la solicitud y uso de un crédito público, ya sea externo o interno, terminará pagándose por los contribuyentes fiscales, quienes tendremos que pagar un porcentaje mayor por cada impuesto, ya existente, o en su caso pagar nuevos impuestos.

Para concluir, les comparto una frase del político, científico e inventor estadunidense, Benjamín Franklin, quien dijo: “Es mejor acostarse sin cenar, que levantarse sin deudas”, usted qué opina, yo prefiero cenar, aunque saldrá más caro el caldo que las albóndigas, por supuesto, gracias a los nuevos impuestos o incrementos en estos para pagar la deuda.