Aun contra la corriente de pensamiento que alerta sobre los peligros de profundizar el poder descomunal acumulado por la milicia en este sexenio, Miguel Ángel Riquelme decidió apostar por mantener al Ejército en las calles hasta el 2028.

Fue una decisión pragmática con un objetivo principal: fortalecer las relaciones tendidas por el Estado con la Defensa Nacional. Días antes de la aprobación de la reforma para militarizar a la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, el Gobernador solicitó a los legisladores de Coahuila apoyar ese proyecto presidencial.

Su lógica de gobernante le dictó a Riquelme mantener la fiesta en paz con los soldados, reafirmar los lazos de confianza y vigorizar los apoyos militares al Estado. Es decir, envió un mensaje de buena voluntad a los altos mandos de la Sedena.

De paso, buscó un respiro en las agobiantes relaciones con Palacio Nacional. Apoyar al Ejército le permite mantener puntos de avenencia con el siempre difícil López Obrador y su Secretario de Gobierno, Adán Augusto López, quien con un hacha en la mano y un mazo en la otra despedaza hoy a los opositores a la reforma.

Riquelme y la mayoría de los legisladores de Coahuila concluyeron que, a final de cuentas, el Ejército tiene años en las calles. Pragmatismo puro. El tiempo dirá cuán equivocada o no fue su decisión.

Ahora, en la víspera de someter al Congreso la reforma electoral que busca eliminar al Instituto Nacional Electoral, ni el Gobernador ni los legisladores de Coahuila pueden mostrar ese utilitarismo político bajo el cual sellaron la militarización del país.

Si esa reforma electoral avanza, la democracia mexicana vivirá días negros. La frase podría parecer retórica, un lugar común que opositores repiten hasta el cansancio. Pero no se trata de cliché: la posibilidad de un quiebre democrático existe.

Por eso es urgente atravesarse por el árbitro electoral. El INE está muy lejos de ser un instituto perfecto, pero es una institución funcional, legítima; responde a la demanda social de consolidar la democracia y la apertura.

El INE de hoy es el mismo que validó la transición histórica del 2000, cuando la sociedad decidió echar al PRI de Los Pinos, y es el mismo que ratificó el triunfo arrollador de López Obrador en el 2018.

La reforma propuesta no es un proyecto de ciudadanos. Ni siquiera de partidos. Tampoco es una iniciativa de universidades, académicos o especialistas en política y derecho electoral. No emana de un reclamo de la oposición. Es un capricho presidencial; el anhelo obsesivo de quien no tolera la existencia de resortes fuera de su control. ¿Un árbitro autónomo e independiente? Imposible.

Se propone hoy desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, centralizar todos los comicios del país y constituir un tribunal nacional que absorba a todos los tribunales electorales locales. El afán es centralizar, contener, monopolizar. Vaya, dominar. No se trata de superar fallas del sistema, sino de extender formas de control.

Se llega al absurdo de plantear elegir en las urnas no sólo a sus consejeros del INE, sino también a los magistrados electorales. Los perfiles de idoneidad e integridad salen sobrando. No importa la calidad ni el profesionalismo, sino el populismo.

¡Viva la politización del árbitro electoral! ¡Viva la justicia sometida a las estructuras de movilización de los partidos y a los desvaríos de los personajes del poder!

¡Vivan los grupos de interés —empresas, camarillas políticas, cabilderos y cárteles— que pueden financiar campañas de consejeros y magistrados!

Se pretende también cancelar las diputaciones plurinominales, y con ello extinguir la representación de las minorías y la sobrerrepresentación de las mayorías: Morena como principio y fin del Poder Legislativo. En un imaginario político, el 55 por ciento de diputaciones que tiene actualmente Morena en la Cámara de Diputados sería un 75 por ciento con la reforma.

Más agua para los molinos del presidente. Más allá de los pragmatismos, es la hora de defender al INE y darle la batalla al autoritarismo. Hay que rasparse si es necesario. Veremos si así lo entienden los diputados de Coahuila. A López Obrador no le importa la democracia: le importa ganar elecciones, tener el poder en sus puños.