“No solo dejó el IFE de depender de Gobernación, se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”.

Andrés Manuel López Obrador, en los noventa.

El tema está absolutamente politizado. Los chairos aplauden a rabiar, los fifís se rasgan las vestiduras. La realidad, como siempre, es más sutil.

Hay que señalar primero que el actual sistema electoral ha funcionado muy bien. Lejos de haber sido un “sabotaje a la voluntad del pueblo”, los tiempos del IFE y del INE autónomos, que empezaron con las elecciones de 1997, han sido los únicos en la historia en que hemos tenido alternancia en el poder. El sistema tiene muchos defectos, y es muy costoso, pero nos ha dado una verdadera competencia entre fuerzas políticas; y la competencia beneficia siempre a los ciudadanos.

El presidente López Obrador dice que quiere eliminar los legisladores plurinominales, pero su iniciativa propone exactamente lo contrario: acaba con los legisladores de mayoría relativa y los reemplaza por listas de representación proporcional. La representación proporcional pura es bastante común en el mundo; ofrece una mejor representación en el parlamento de los grupos de la sociedad, pero genera gobiernos débiles, que deben someterse a elecciones constantes, como en Italia antes de 1993 o Israel. Otro problema es que el poder se concentra en los dirigentes de los partidos, que deciden quiénes entran a las listas de candidatos. En los sistemas de mayoría relativa pura, como Estados Unidos o el Reino Unido, los políticos prevalecen sobre los partidos.

¿Reducir el número de diputados y senadores? De acuerdo. Pero debe mantenerse la representación por estado, y no por circunscripción, para no perder el carácter federal de la República. No tengo críticas a las reducciones de diputados locales.

¿Disminuir el financiamiento público a los partidos? A favor. De hecho, podríamos avanzar más, a un sistema como el estadunidense, en el que partidos y candidatos se financien ellos mismos.

¿Bajar el umbral de participación para la revocación de mandato de 40 a 33%? En contra. No se puede destituir a un presidente surgido de una elección constitucional con un voto minoritario. Al país no le conviene tener mayor inestabilidad política.

¿Reducir las restricciones a la propaganda gubernamental? De acuerdo. La naturaleza de los políticos es hacer política. Entre menos restricciones a la libertad de expresión, mejor.

¿Bajar los tiempos de radio y televisión en campañas de 48 a 30 minutos diarios? De acuerdo, pero hay que ir más a fondo. Los tiempos obligatorios para campañas solo en tv y radio abiertas no solo son injustos para estas emisoras, sino que generan campañas de spots que no aportan al conocimiento de las propuestas.

¿Voto electrónico? A favor.

¿Desaparición de OPLES y tribunales locales? Es positivo eliminar el doble sistema que tenemos actualmente, pero yo preferiría regresar al federalismo, cuando cada estado hacía sus elecciones.

¿Reducir de 11 a siete los consejeros electorales? A favor.

¿Cambiar el nombre del INE por INEC? Da igual.

¿Elección popular de consejeros y magistrados electorales? En desacuerdo. Los árbitros deben ser imparciales y no políticos en busca de cargos públicos. El voto favorecerá a los candidatos apoyados por los partidos más populares. Esto no quiere decir, sin embargo, que no podamos mejorar la forma en que consejeros y magistrados son seleccionados.

Opino, por otra parte, que este no es el momento de cambiar las reglas. Falta menos de un año y siete meses para los comicios del 2 de junio de 2024. No es el momento de enmendar con prisas un sistema que ha funcionado bien.

Republicanos

Los republicanos son favoritos para recuperar hoy el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Pero no son los republicanos de antes, abiertos al comercio y a la migración, defensores de la democracia. Hoy están capturados por Trump, son populistas, proteccionistas, enemigos de la inmigración y de la democracia.