La movilización de este domingo en las principales ciudades del país para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) debe su éxito a su esencia ciudadana. Los partidos la habrían desnaturalizado, pues su oposición a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a intereses distintos a la democracia que, en su caso, no practican. La iniciativa plantea reducciones sustanciales al financiamiento público a todas las fuerzas políticas. Asimismo, promueve la participación directa de los ciudadanos en el nombramiento de sus representantes y en la composición del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual restaría influencia a las cúpulas. En este sentido, los partidos son los principales beneficiarios de las manifestaciones. Por tal razón celebran su resultado.

El debate sobre la reforma dista mucho de haberse agotado y sería un error echar las campanas al vuelo. El quid es si resulta necesaria o no, punto en el cual las opiniones se dividen. La respuesta sería positiva si tuviera por objeto afianzar las libertades, garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, pero también el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, y consolidar la confianza en las instituciones, temas en los cuales aún falta mucho por avanzar. En cambio, si la iniciativa es el disfraz de un golpe autoritario para reinstaurar el sistema de partido único y convertir al organismo comicial en satélite del Gobierno, la contestación es negativa a todas luces.

Morena, como el PRI en otro momento, busca trascender en el tiempo bajo la sombra de un caudillo. Los hombres fuertes han vuelto a escena en Europa, Asia y América. En Argentina, el Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón hace 76 años, ha ganado 10 elecciones presidenciales, no todas consecutivas, la última en 2019 con Alberto Fernández. Para formarse un juicio equilibrado sobre la reforma es preciso leer la iniciativa sin orejeras. Nada es peor, en este, como en otros casos, que asumir una actitud gregaria y visceral frente a un asunto de capital importancia.

Las manifestaciones ciudadanas del 13 de noviembre tienen el mérito enorme de haber puesto a López Obrador contra las cuerdas. Hombre obcecado, el Presidente no da su brazo a torcer fácilmente. Las ruedas de prensa matutinas le permiten salir al paso de toda situación comprometida, provocar, desviar la atención y generar corrientes a favor y en contra. Sin mayoría calificada para cambiar la Constitución, Morena y sus satélites solo están en condiciones de modificar algunas leyes secundarias en materia electoral, según lo admitió AMLO este martes.

El resultado inmediato de las movilizaciones, acaso el más relevante por ahora, consiste en haber forzado al PRI a fijar una posición sin ambages con respecto a la reforma. La de comprometerse ante el país a esta vez no darle al Presidente y a su partido los votos para alcanzar las dos terceras partes sin las cuales el sistema electoral no puede alterarse. Sin embargo, lo mismo dijo sobre la propuesta para extender hasta 2028 la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El engaño acabó con la escasa credibilidad del partido liderado por Alejandro Moreno y Rubén Moreira. El PRI votará contra la reforma electoral porque no tiene otra salida, pero aún así no evitará el castigo de la ciudadanía en las urnas. Pues su cambio de postura obedece no a un celo democrático tardío, sino al daño causado por su falta de palabra.