Ciudad de México.– Durante el Foro de Derechos Políticos Electorales y de Participación de las Personas en Prisión Preventiva en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, instituciones señalaron que más de 7 mil personas privadas de su libertad en prisión preventiva podrían ejercer su derecho al voto a través del voto electrónico en las elecciones de 2024.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, informó que, al 4 de noviembre, hay 25 mil 809 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, de los cuales 7 mil 111 se encuentran sin sentencia, es decir, 27.5 por ciento de ellas están en posibilidad de ejercer su derecho al voto de acuerdo con lo establecido por la Sentencia SUP-JDC-352 y 353, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al respecto, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, señaló que las instituciones deben asumir su responsabilidad para operativizar lo estipulado en la sentencia que establece la garantía de este derecho. Por lo que apuntó que el sistema de voto por internet para las personas privadas de su libertad sería el más idóneo para ejercerlo.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral, Martha Alejandra Chávez Camarena, resaltó que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil deben de llevar a cabo acciones y compromisos que sirvan para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales y de participación de las personas en prisión preventiva.
En tanto, el diputado local, Fernando Mercado Guaida, asumió el compromiso para impulsar desde el Congreso capitalino las modificaciones legales para concretar el derecho de las personas privadas de la libertad a ejercer su voto en el próximo proceso electoral.
Ramírez Hernández señaló que promover, garantizar y respetar el derecho al voto de las personas permite avanzar en la deconstrucción de estigmas alrededor de las personas privadas de la libertad y permite garantizar otros derechos humanos como el de la reinserción social.
Enfatizó que no se trata de una agenda declarativa, sino de compromisos concretos de instituciones y organizaciones que permitan sentar una ruta del trabajo, ya que a través del voto se puede influir en la toma de decisiones e impulsar cambios en las políticas penitenciarias que impactan sobre sus condiciones de vida en prisión.
