Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ejerció su facultad de atracción para resolver la demanda de nulidad que el consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras interpuso contra el Gobierno federal por la terminación anticipada del contrato original para el Tramo Cinco Sur del Tren Maya.

El TFJA notificó este martes la decisión de la Sala Superior para atraer el juicio 681/22-20-01, presentado el 5 de septiembre por Grupo México y Acciona Infraestructuras, que crearon la razón social Desarrollo del Sureste Playa del Carmen Tulum (DSPCT).

La demanda fue presentada ante la Sala Regional del Caribe del TFJA, con sede en Cancún, que de inmediato solicitó la atracción a la Sala Superior, que aceptó ejercerla al considerar que era un asunto con características especiales por la materia sobre la cual versa.

La Sala Regional deberá seguir con la instrucción del juicio, pero una vez concluida, el expediente será enviado a un Magistrado o Magistrada de la Sala Superior, quien presentará el proyecto de sentencia al Pleno, lo que tomará varios meses.

Mientras tanto, el Gobierno y DSPCT pueden seguir negociando un arreglo extrajudicial.

La empresa ha negado haber incurrido en incumplimientos y el 21 de noviembre afirmó que la terminación se debió a la imposibilidad técnica de cumplir los requerimientos del Gobierno.

“ El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato y ha aceptado la propuesta del Gobierno de que el finiquito derive del análisis y la conciliación con ingenieros militares”, manifestó DSPCT.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia mañanera de hoy que el consorcio aceptó que ingenieros militares sean quienes definan el monto que se le debe pagar.

El expediente atraído por la Sala Superior es solo una de tres demandas que DSPCT ha presentado contra el Gobierno ante el TFJA, bajo reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Otro juicio, el 832/2022, que inicio a finales de octubre, es para reclamar el finiquito ofrecido por Fonatur para cerrar la relación con DSPCT, de 37.9 millones de pesos.

Uno más, el 881/22, fue presentado hace unas semanas, y el 22 de noviembre, la Sala del Caribe concedió a DSCPT una suspensión, pero se desconoce públicamente el acto reclamado en esa demanda.

El consorcio DSPCT ganó en enero de 2021 el contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el tramo de 67 kilómetros, que correría por la carretera federal 307.

A finales de 2021, sin embargo, López Obrador ordenó mover el trazo del tren ocho kilómetros hacia el interior del Estado, y el 8 de julio de 2022 se dio por terminado el contrato con DSPCT de manera anticipada.

El consorcio entregó los trabajos que había ejecutado hasta el 15 de julio y ese mismo día Fonatur firmó un convenio para transferir a la Sedena 30 mil 455 millones de pesos, 71 por ciento más de lo que se iba a pagar DSPCT.

Cabe mencionar que el contrato para el Tramo Cinco Sur preveía pago de anticipos a DSCPT por aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos en 2021, y otro tanto en 2022. Se desconoce qué porcentaje de estos montos fue desembolsado por Fonatur.