Coahuila vivirá el año próximo unas elecciones sin precedente. Ninguna sucesión había afrontado al Presidente de la República y al Ejecutivo del estado. Antes de la alternancia en el poder, el jefe de Los Pinos designaba al candidato, el Gobernador acataba, casi siempre a regañadientes, y la maquinaria PRI se ponía en marcha. El resto era pan comido: el ungido ganaba por las buenas o por las malas. En 1989 las cosas dieron un giro: Carlos Salinas reconoció el primer triunfo de la oposición, en Baja California. No lo hizo por espíritu democrático, ajeno a su formación política, sino por un compromiso con el PAN, que lo había legitimado tras el fraude electoral del año previo.

Ernesto Zedillo cumplió la promesa de establecer una «sana distancia» entre su Gobierno y su partido, pero aun así la mayoría de los gobernadores giraba en la órbita presidencial. El PRI, por su parte, mantuvo las mismas prácticas antidemocráticas e impuso candidatos sin tomar en cuenta méritos ni trayectorias. En tal contexto, Ricardo Monreal renunció a su militancia priista, se postuló por el PRD —entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador— y ganó la Gubernatura de Zacatecas en 1989. Para evitar nuevas fracturas, el PRI, inducido por Zedillo, recurrió al método de consulta interna. La decisión resultó acertada, pues al fin la militancia y los simpatizantes eran tomados en cuenta por la cúpula, pero después degeneró.

En la sucesión de 1999 —primera no resuelta por el Presidente—, el gobernador Rogelio Montemayor se decantó por el empresario Jesús María Ramón. Enrique Martínez —alentado por Monreal— amagó con cambiar de partido; y el PRI, para disuadirlo, estrenó en Coahuila el sistema de consulta a las bases. Martínez obtuvo la candidatura sin mayor problema. Para encararlo, las oposiciones formaron la Alianza Coahuila (PAN-PRD-PT-Partido Verde) y presentaron a un perfil de primera línea, Juan Antonio García Villa.

Las condiciones para la alternancia eran propicias. El PAN gobernaba los municipios más poblados (Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe) y junto con los demás partidos controlaba la mitad del Congreso local. Sin embargo, desaprovechó el momento y la coalición devino en fracaso. El resultado de la elección lo decidieron tres factores: 1) La nominación, por parte del PRI, de un candidato popular (Martínez) en un proceso abierto; 2) La inequidad de la competencia y un Código Electoral amañado; y 3) La falta de cohesión de la alianza y la desangelada campaña de su abanderado.

Martínez recibió casi el 60% de los votos (405 mil) y García Villa apenas rozó el 34% (229 mil). El exministro de la Corte, Atanasio González, quien había renunciado al PRI por falta de democracia, fue postulado por Unidad Democrática de Coahuila, solo captó el 2.2% de los sufragios. El PRI ganó además la mayoría de las alcaldías (35) y 19 de las 20 diputaciones. Solo perdió el distrito X de Torreón, donde Jesús Flores Morfín (PAN) venció al actual gobernador Miguel Riquelme.

El candidato del PRI para las elecciones de 2005 también surgió de una consulta, en este caso simulada, pues el favoritismo de Enrique Martínez por Humberto Moreira desvirtuó el proceso. Desde la Secretaría de Educación Pública y la Alcaldía de Saltillo, el delfín desplegó una campaña por todo el estado a ciencia y paciencia de las autoridades electorales. A los demás aspirantes (Raúl Sifuentes y Javier Guerrero) se les sujetó a las reglas y cuando renunciaron a sus cargos para competir por la nominación ya era demasiado tarde. La facultad de nombrar candidato, antes exclusiva del Presidente de la República, la asumieron los gobernadores. Con ese poder y sin contrapesos de ninguna especie, Humberto Moreira, en el colmo del nepotismo, nombró sucesor a su hermano Rubén.