Las mujeres hemos sufrido y seguimos sufriendo discriminación y exclusión en razón de nuestro género. Se trata de una historia de discriminación, que, desafortunadamente conocemos muy bien, y que se traduce –entre otras cosas– en una violación de nuestros más básicos derechos humanos.

Nuestros derechos políticos no son ninguna excepción como se puede ver reflejado en la muy limitada participación y representación en el ámbito público de las mujeres.

Por mucho tiempo la concepción tradicional de la democracia representativa utilizó a la diferencia de género (o de sexo) como categoría política para excluir a las mujeres del espacio público.

La evolución de la concepción de la democracia representativa hacia la democracia incluyente debe llevarnos a superar esta brecha –fundada en lógicas de desigualdad sexual– a través de la aceptación de la diferencia sexual entre hombres y mujeres.

No se trata de una cuestión menor o poco relevante. La ciudadanía puede percibir si existe o no la igualdad, no solo en los órganos de representación, sino que en la toma de decisiones y, por consiguiente, en el disfrute y goce de los derechos de todas las personas.

Para que exista una representación y una protección efectiva de los derechos de las mujeres, debe haber más mujeres en los espacios de toma de decisiones y para que esto suceda, las mujeres deben de poder competir en verdaderas condiciones de igualdad con los hombres en espacios libres de cualquier forma de discriminación y violencia, incluso política, en razón de género.

En México, uno de los actores más importantes de la construcción del camino de las mujeres hacia una real y efectiva igualdad de género es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este órgano judicial, utilizando su jurisprudencia, ha impulsado la discusión de problemas jurídicos desarrollando argumentos, principios y criterios sólidos que han permitido el fortalecimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en México, gracias a sus pronunciamientos en materia de acciones afirmativas, paridad, violencia política de género, entre otros, como mecanismos para la lograr la igualdad de género.

El quehacer jurisdiccional debe de someterse a dinámicas que propicien que puedan escuchar la crítica que se hace respecto de sus resoluciones.

Las juezas y los jueces son conocidos a través de sus sentencias y, como seres humanos, pueden errar. Pero son justo las reflexiones que se sustentan en los observatorios judiciales una herramienta para remediar errores del pasado y prevenir próximos fallos injustos.

Bajo este paradigma, los pasados 1 y 2 de diciembre, se desarrolló el Observatorio Internacional de Derechos Políticos. En esta ocasión el Observatorio sirvió para reflexionar sobre La Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres en México.

Este OIDP fue realizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante las dos jornadas se abordaron temáticas muy relevantes como la paridad en fórmulas en distritos competitivos y en candidaturas municipales, la violencia política en contra de las mujeres por razón de género en medios de comunicación, la paridad en órganos partidistas y en el Congreso de la Unión y la nulidad de las elecciones.

Actividades como esta tienen una importancia transcendental, ya que permiten democratizar las sentencias y someterlas a la discusión, análisis y reflexiones de personas expertas, integrantes de las magistraturas electorales de los distintos órdenes y grados y personas académicas nacionales e internacionales.

Este tipo de espacios, donde se provoca la discusión de problemas jurídicos y la exposición del estado del arte de la administración de justicia, permite generar condiciones para la democratización de los elementos, argumentos y motivos que marcan la resolución de expedientes y juicios, de manera transparente, con una perspectiva de género.

Como lo ha destacado la magistrada Mónica Soto, líder en la implementación de la perspectiva de género en la jurisprudencia electoral, es necesario que todas las autoridades se pongan las “gafas violeta” o los “lentes de género”.

Solo así, será posible identificar las muchas y distintas discriminaciones y desigualdades que enfrentan las mujeres día a día por el simple hecho de ser mujeres.