Ciudad de México.- Un sindicato afiliado a la CTM, del que hay escasos registros, era utilizado como fachada para lavar dinero.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), se trata del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transporte en General, Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana.

Uno de los pocos contratos colectivos de trabajo en los que aparece como titular es el firmado con Marine Tech, empresa de Ciudad del Carmen, Campeche, pero cuyo giro es el alquiler de artículos para el hogar y personales.

Sólo entre 2012 y 2018 trianguló al menos 348 millones de pesos de dinero que recibió de nueve empresas factureras y que transfirió a terceros no agremiados y sin relación con el sindicato.

Actualmente seis de sus dirigentes ya se encuentran bajo proceso en penales federales, con solicitudes de condenas de 70 años y de 50 para los coacusados.

Por este caso, un juez federal giró 45 órdenes de aprehensión contra integrantes del gremio y particulares, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre los seis que ya fueron capturados está su líder Leopoldo Rosendo Quintanar Medina, procesado por ambos ilícitos e internado en el Penal del Altiplano.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue la primera autoridad en percatarse de los movimientos presumiblemente sospechosos en las cuentas del sindicato.

El 18 de julio de 2016, cuando su titular era Alberto Bazbaz, el organismo de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas del gremio en Santander, Banorte y Banca Afirme.

Un mes después, la UIF presentó una denuncia contra la organización de trabajadores por lavado de dinero. El caso fue turnado a la SEIDO, hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La UIF también ubicó depósitos al Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, una organización supuestamente “fachada” que habría operado recursos ilícitos.

Esta segunda agrupación implicada tenía como representante de finanzas a Eduardo Sierra González, detenido en octubre de 2010 en Canadá por estar presuntamente relacionado con un cargamento de 212 kilos de cocaína y 63 kilos de metanfetamina asegurados en Vancouver.