Ciudad de México.- Pedro Castillo pidió la visita de una delegación de la CIDH, que este jueves recorría algunas ciudades del país en donde se registraron violentas protestas tras su destitución luego de su fallido autogolpe de Estado.

En la cuenta de Twitter de Castillo, su abogado, Wilfredo Robles, dijo que “solicitó una reunión” entre su defendido y la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde el lunes se encuentra en el país.

Robles aseguró que la entidad le informó tener en agenda una visita al exgobernante, quien se encuentra en una prisión policial en Lima, investigado por rebelión.

En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar “privado arbitrariamente” de sus derechos y solicitó que el encuentro “se concrete de manera urgente”.

Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter “especial atención” a la salud de su esposo.

Tras el pedido, los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación en un hotel de Lima.

“ Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos”, dijo luego de salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente.

La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).

Se reunieron con “organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional”, dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.

En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú “realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre el “asesinato” de manifestantes.

El 7 de diciembre, Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido bajo cargos de rebelión. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.

Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.