Saltillo, Coah.-  La reciente llegada de nuevas inversiones a Coahuila, principalmente de origen asiático, provocó que los permisos laborales ante el Instituto Nacional de Migración, se fueran de 25 a mil 768, en tan solo seis meses.

De acuerdo con información entregada por la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, en el caso de Saltillo el incremento de permisos, no fue tan grande, aún así pasó de 21 a 410, de junio a diciembre de este año.

A nivel estatal, la gran mayoría de los trabajadores extranjeros proviene de China, mil 296; seguidos de lejos por los trabajadores coreanos, con 110 personas, y de India, con 104.

Tan solo estos tres grupos representan el 87% de los permisos laborales vigentes para extranjeros.

En el caso de Saltillo, el primer lugar lo ocupa gente con nacionalidad de China e India, con 93 personas cada uno; el segundo lugar, con 91 permisos, son para trabajadores de la República de Corea; y en tercer lugar son para Brasil, con 31 casos.

Refugiados

Pero no solo en este apartado se ha registrado un aumento en la luz verde a extranjeros, pues, para que permanezcan en la entidad de manera legal; en la segunda mitad de 2022 se autorizaron 205 cartas a refugiados, y prácticamente todos se quedaron en Saltillo.

Si bien, el gran grueso de los migrantes se concentra en las ciudades fronterizas, la capital coahuilense sigue siendo el principal foco para los extranjeros que permanecen por la vía legal en nuestro territorio.

Y en Saltillo…

En cuanto a los refugiados que habitan Saltillo, 951 son de nacionalidad hondureña, 331 son de El Salvador, 101 de Guatemala, 17 de Cuba, 39 de Venezuela, 28 de Nicaragua, 18 de Haití. El resto de los refugiados son de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica.

Saltillo ha sido reconocido como ciudad solidaria por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), incluso, recientemente el Gobierno Municipal firmó un convenio para promover la integración de las personas refugiadas en la localidad.

Con dicho convenio, se pretende que las personas refugiadas puedan reconstruir sus vidas, y que sea un beneficio para la sociedad que los recibe al entrar a un empleo formal; que puedan tener acceso a los servicios públicos y que se adapten las políticas públicas.