Ayer las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD presentaron por separado sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley General de Comunicación Social que, como “regalo” del Día de los Inocentes, fue promulgada el 28 de diciembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El INE, quien es uno de los principales afectados, hará lo propio los próximos días.

Cabe señalar que el citado ordenamiento se aprobó vía fast track el 15 de diciembre, sin tiempo siquiera para leer y mucho menos comprender lo que votaban los legisladores a propuesta del Presidente de la República, y forma parte del paquete de iniciativas denominado “Plan B”, con B de berrinche. Aunque tranquilamente podría llamarse “Plan V”, con V de venganza: la serie de medidas legales que se tomaron luego de que fuera desechada la reforma electoral de Morena el año pasado.

En ese sentido, las modificaciones votadas pueden dividirse en dos grandes grupos. La parte que ya entró en vigor, centrada en la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la que espera se reanuden las actividades en el Senado el próximo 1 de febrero para continuar el proceso legal. Esta última supone cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deroga una ley y emite una nueva, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Las referidas acciones de inconstitucionalidad controvierten solo la primera parte.

Por regla general, si la realidad social se modifica el derecho también sigue su suerte. Este no es el caso. Aquí los cambios fueron hechos, literalmente, con las patas y sobre las rodillas. No existe siquiera una correlación de artículos con orden y sentido entre lo derogado y lo promulgado. Se trató de una mala técnica legislativa hecha con prisas, al cuarto para las 12 de concluir el 2022.

A finales de mayo a más tardar se deberán resolver las mencionadas acciones, pues legalmente no pueden existir modificaciones a las reglas de juego electoral 90 días antes de iniciar el proceso que comenzará el 1 de septiembre.

El tema es muy simple. Así, sin más, se insertó en la Ley General de Comunicación Social un tope máximo de gastos a la publicidad oficial con la obligación de hacerlo extensivo a estados y municipios, sin ninguna exposición de motivos para fijarlo en esa cantidad: el 0.1% del presupuesto anual correspondiente al ente público (actualmente, para dimensionar, son tres pesos de cada 100 en Coahuila, y la iniciativa pretende que sea un centavo de cada 100. Veintinueve veces menos, a comparación).

Una vez más el cebo de pesca de la austeridad. Como si al desaparecer recursos erradicaran presuntos males, cuestión a todas luces errónea. Pero en este caso no tenemos un problema frente a los ojos, más bien lo están creando.

Y va más allá. Conculca la facultad de autodeterminación que tienen las entidades federativas, y la autonomía municipal. Además de restringir la capacidad que tienen los estados para darse sus propias reglas. El federalismo en que vivimos.

Por si fuera poco la nueva Ley no resuelve lo esencial, que había sido, a su vez, motivo de una sentencia de la Primera Sala de la Corte, emitida el 8 de septiembre de 2021, sobre un asunto cuyo expediente data de 2019: las reglas de asignación de la publicidad oficial. ¿Bajo qué parámetros?.

Alguien podría decir: qué bueno, así ya no reciben recursos públicos los medios, y con ello seguir el juego del Presidente, quien durante cuatro años de mandato ha denostado diariamente al periodismo como estrategia de comunicación.

Cortita y al pie

Sin embargo el asunto es más complejo de lo que parece. Condena a la extinción de los medios de comunicación; así de sencillo. El tema no se reduce a un asunto de mercado, sino a un atentado contra la libertad de expresión y el acceso a la información.

No emergerán nuevos medios independientes de bajo costo en su lugar por una razón: el diarismo cuesta; y la investigación cuesta más. Los procesos de verificación requieren profesionales, criterio, no cualquier persona con acceso a un celular e internet puede desempeñarlos. El periodismo no es viralidad en redes sociales ni creación de contenidos, nada más alejado de la realidad.

Es, en resumen, el talante revanchista. El afán destructivo. El resentimiento como motor de la fallida cuarta transformación.

La última y nos vamos

Si lo pregunta, ninguno de los cambios aprobados aplicará en los procesos electorales vigentes de Coahuila y Estado de México, sino a partir de 2024. El objetivo es muy claro: debilitar todos los contrapesos que se atraviesen previo a la elección presidencial de 2024.

Es, como muchas otras cosas que se originan en la 4T, una manzana envenenada. Difícilmente la mordería un opositor, incluso ni un partidario con aspiraciones políticas.