Saltillo, Coah.-  El año pasado, de los 2 mil 400 funcionarios estatales y municipales que no presentaron sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas solo abrió proceso contra 17 burócratas.

De esa cantidad, solo a siete se les dictó suspensiones de 3 a 5 días, a dos se les amonestó en público y en privado, y los ocho restantes se encuentran pendientes por resolver a causa que los incumplidos presentaron recursos para evitar la sanción.

De los 25 abiertos en 2022 por la Secretaría de Fiscalización, 68% de los casos tienen que ver con fallas en la presentación de la declaración patrimonial.

Hay dos procesos que se abrieron a consecuencia de auditorías federales, pero en ambos casos se resolvió que las irregularidades no ameritaron ceses, por lo que a una persona se le amonestó y a la otra se suspendió por unos pocos días.

Los seis expedientes restantes son casos originados por investigaciones del Órgano Interno de Control, y aquí todo se resolvió por amonestaciones privadas.

Y no es porque la Secretaría a cargo de Teresa Guajardo Berlanga no aplique sanciones más fuertes, pues cabe recordar que entre 2018 y a la fecha se han dictado 11 inhabilitaciones, la más reciente en 2021, contra una funcionaria que se negó a presentar su declaración patrimonial correctamente. 

Desde hace dos años se trabaja con un nuevo sistema de declaraciones, donde el formato cumple con las especificaciones que dicta el Sistema Nacional Anticorrupción.

Cada julio

Cada mes de julio, la Sefir comienza a hacer los requerimientos a la gente que no presenta su declaración, que en 2022 equivalió al 4% de los 60 mil burócratas estatales y municipales.

A los que no hicieron caso se les abrieron procedimientos de responsabilidad y solo, en última instancia, se les sanciona.