Saltillo, Coah.- Con la finalidad de suspender la aplicación del “Plan B” propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el municipio de Chihuahua se suma a la ola de impugnaciones en contra de dicha reforma.

A través de un comunicado el presidente municipal de Chihuahua, Antonio Bonilla Mendoza, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión por el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

De tal manera que a través de la controversia constitucional solicita la suspensión cautelar de la vigencia de la norma en tanto se resuelva de fondo debido a la gravedad de la violación a principios y derechos.

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 105, fracción I, inciso b), 115 y 133, así como en los artículos 1, 2, 3, 8,10, 11, 14, 21 fracción II 22 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el funcionario municipal dichas reformas representan una invasión a las esferas competenciales, dando con ello violaciones a preceptos constitucionales.

“ Tras el análisis realizado por la autoridad municipal, la reforma viola los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de las y los habitantes del municipio de Chihuahua”, aseveró Bonilla Mendoza.

Entre los conceptos de invalidez que se reclaman se encuentran el agravio a la libre administración hacendaria y la autonomía hacendaria del municipio de Chihuahua, la vulneración al derecho a la información de los ciudadanos que a su vez restringe su acceso adecuado y oportuno a los diversos servicios, programas, apoyos y acciones que el Municipio ofrece

Aclaró que la norma impugnada es absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Unión de los tres niveles de gobierno, debido a que no considera el monto de los presupuestos de egresos aprobados para cada ente gubernamental. Asimismo, omite que el Gobierno Federal tiene además de un tope de más de 6 mil millones de pesos para Comunicación Social, acceso a los tiempos oficiales y al sistema de nacional de radiodifusión del Estado.