Ciudad de México.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la entrada en vigor en Coahuila y el Estado de México de las reformas electorales del llamado “Plan B”, impulsado por el presidente Andrés López Obrador.

Con la finalidad de prevenir una violación de derechos irreversible, el ministro Alberto Pérez Dayán frenó la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las entidades cuyo proceso electoral está en curso.

La decisión fue dictada al admitir siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Hagamos (de Jalisco) y las minorías en la Cámara de Diputados y Senado.

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Ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el Decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”, resolvió el Magistrado.

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La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto en el Artículo 17 de la mencionada Ley Reglamentaria”.

Pérez Dayán también suspendió la aplicación del nuevo concepto de “propaganda” contenido en estas reformas y que permite a los servidores públicos emitir sus opiniones políticas sin ser sancionados.

La resolución considera que la modificación de este concepto incide directamente en las reglas que regulan tres aspectos: la propaganda electoral, el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos a cargo de funcionarios para no incidir en la equidad en la contienda y los principios que deben regir en la configuración de las infracciones en la materia. 

Impugnaciones

Los cambios a las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas han sido impugnados en al menos 80 controversias ante el máximo tribunal del país, 18 ya fueron turnadas al propio ministro Pérez Dayán.

Los demandantes consideran que las nuevas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social violan la equidad de los procesos electorales, un principio que todas las autoridades están obligadas a observar, al estar contemplado en el Artículo 41 constitucional.