“Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley…”J. Saramago

La Constitución General de la República establece en el Artículo 4o que toda persona tiene derecho al agua y que el Estado lo garantiza. Los distintos foros y organismos internacionales en los que México participa y ha llegado a acuerdos reconocen el derecho humano al agua y obligan al Estado a garantizar el acceso al ejercicio de este derecho.

Coahuila tiene el deshonroso papel de la privatización desmedida; por décadas, el Estado mexicano en lugar de preocuparse por garantizar el acceso al agua como es su obligación la ha entregado en manos privadas para que sea sobreexplotada de manera indiscriminada y con el único propósito de lucro. De esta manera, en el año de 2006 la Comisión Nacional del Agua entregó a la empresa lechera Lala la reserva protegida de Cuatro Ciénegas, donde se autorizó la explotación de 250 pozos.

El titular en ese entonces de la Comisión y signatario de dicho despojo era Cristóbal Jaime Jáquez, quien antes de ejercer dicho cargo público era gerente de la compañía lechera beneficiada.

Al día de hoy el Gobierno de la cuarta transformación todavía está intentando paliar los efectos de este abuso con varios proyectos como:

El de Agua Saludable para La Laguna, que según información del director de la región de las cuencas centrales del norte de la Comisión Nacional del Agua, tendrá un costo de 15 mil millones de pesos del dinero de todas y todos los mexicanos.

La larga noche neoliberal de la cual recién hace cuatro años despierta nuestro país normalizaba las puertas giratorias de la empresa privada al poder y de este a la empresa, como ocurrió en Saltillo, donde según la escritura pública 87825 inscrita en el libro 3075 de la notaría pública 42, ubica en el Consejo de Administración de la empresa “dueña” del agua al expresidente municipal Óscar Pimentel.

Sin ruborizarse, políticos y empresarios intercambiaban caretas en el saqueo de todo lo público.

Ninguno de los posteriores gobiernos municipales hicieron nada por recuperar a través de la recompra de acciones; más aún, el Congreso del Estado autorizó un crédito de 60 millones en beneficio de la empresa privada Aguas de Barcelona.

Y el último punto de la abyección se da cuando modifica el Artículo 84 de la Constitución del Estado para autorizar a la misma empresa privada suspender el servicio a los usuarios morosos.

El pasado 7 de marzo presenté una iniciativa de ley en la cual se garantiza por parte del Estado el suministro gratuito mínimo mensual de 7 m³ de agua en los domicilios registrados y dados de alta ante las paramunicipales que administran el servicio. El propósito es dar cumplimiento a la garantía asumida como obligatoria por el Estado mexicano en la Constitución General de la República, y de manera convencional a través de la firma de los tratados internacionales en los que se establece.

Espero que no duerma en el estudio de la comisión dictaminadora, como lo hacen la mayoría de las 60 iniciativas que he presentado y que no la detengan los señores que de manera ilegal son dueños del agua.