En la región (estado), llegará pronto el 4 de junio, fecha calendario en la que los ciudadanos emitirán el sufragio por algún candidato de su preferencia, o al menos, el que colme medianamente sus expectativas de desempeño. En la boleta electoral aparecerán los nombres de los políticos que competirán por ganarse el voto del votante, que les permita ocupar un asiento en el Congreso local, o bien erigirse en titular del Ejecutivo durante los próximos seis años (2023-2029).

El proceso electoral es una buena excusa para sacar de la caja de herramientas que utilizan los economistas, la “formulita” que mide la productividad del trabajo, por cierto, los términos que más se asemejan a ella son rendimiento, eficacia, rendición. El Inegi dice que es una “medida de la eficiencia con que se utilizan y combinan los factores productivos y los insumos para producir una determinada cantidad de bienes y servicios. Un incremento de la productividad implica que se logra producir más con la misma cantidad de factores e insumos, o bien, que estos se requieren en menor cantidad para producir el mismo volumen de producto”.

Los economistas están muy familiarizados con el término horas-hombre (HH), este gremio lo utiliza como un componente que forma parte del cociente para medir la productividad laboral. Una forma de medirla ha sido dividir el valor, que tienen todas las actividades económicas de un país producidas durante un año, a precios contantes, es decir, descontándoles la inflación, entre las HH trabajadas en ese mismo periodo. Productividad que se puede expresar, algebraicamente así: PIB/HH; aunque el resultado debe matizarse cuando se contraste con el de otros países, porque las características propias de cada economía, por ejemplo, si es intensiva en capital, o mano de obra, etcétera, pueden sobre o subestimarla en relación a las condiciones reales en que vive la población. No le dice gran cosa al asesor del político cuando compara los resultados de productividad laboral de la economía del Vaticano, o de Brunei con el de Brasil.

El lado oscuro: la productividad del pecado, que evalúa la rentabilidad de los giros negros y actividades ilegales que no se registran en las cuentas nacionales. En el submundo del hampa y policial, es probable que en ocasiones llegue al cargo un comandante de policía que comunique a sus muchachos que él está acostumbrado a trabajar por cuotas, y le asigne la propia a cada policía de su corporación en función de la zona que le toque patrullar. La medición de la productividad se vuelve más compleja cuando se sectoriza, quizá por los elementos subjetivos que incorpora.

Un sector muy expuesto a la crítica y al escrutinio, en los medios de comunicación convencionales y electrónicos, es el de la política. Por definición, la política es una de las tareas más nobles del hombre cuando la ejerce desde el poder público, porque busca con sus acciones el bien común para la ciudadanía. Es sinónimo de entrega y servicio a la comunidad. Evaluarla es difícil sin duda, y más cuando se presentan factores mediáticos, perfectamente orquestados que se encargan de magnificar o minimizar, ante la opinión pública, las tareas que emprenda un político. Entonces, el problema surge: ¿cómo medir la productividad de quien la ejerce, considerando que incluye aspectos cualitativos y factores mediáticos?

Una forma de racionalizar mejor la elección entre los candidatos a diputados locales, es mediante indicadores de desempeño (ID), que reflejan con bastante certeza el comportamiento productivo que tuvo durante el cargo que fue electo, y que lo respalde para buscar y justificar la reelección en el puesto; y si compite por primera o segunda vez, habría que revisar sus antecedentes laborales más recientes en el sector público. Los diputados representan a la ciudadanía afincada en el distrito geográfico por el cual fue electo, y deben conocer los problemas urbanos y sociales de su sector de antaño y recientes.

Pero independientemente de los ID, que están más diseñados para analistas políticos, partidos políticos, académicos, organizaciones sociales, etcétera, el mejor evaluador de su productividad es el ciudadano, que recuerda el número de veces que recorrió el vecindario antes y después de las elecciones, los compromisos que asumió con la comunidad y las mejoras urbanas que se lograron gracias a su intervención de gestoría con el poder Ejecutivo, sector social e iniciativa privada.

Hay otras funciones que deben cumplir los diputados, como el proponer iniciativas de ley, que se convertirán en leyes, una vez aprobadas y cuyos resultados no necesariamente serán visibles a la ciudadanía en el corto plazo, se encargan también de revisar la cuenta pública de cada municipio de la entidad y autorizar su presupuesto anual, entre otras tareas. En fin, una agenda de trabajo nutrida y diversa, difícilmente agotable en seis años, y mucho menos en tres años. Quizá derivado de ello, los legisladores del Congreso de la Unión fueron movidos a profunda reflexión, a tal grado que modificaron la ley que proscribía la reelección en los cargos públicos, de tan mal recuerdo para los mexicanos.