Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma de Baja California Sur que imponía la inhabilitación definitiva a los servidores públicos que trataran de obligar a otras personas a someterse a terapias de reorientación sexual y género.

Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal del país invalidó del artículo 205 Bis, penúltimo párrafo, del Código Penal de dicha entidad, la parte que establece la inhabilitación vitalicia a los funcionarios estatales que cometen ese ilícito.

El fallo fue emitido en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra esa reforma publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 31 de julio de 2021.

Con base en un proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el Pleno consideró que la sanción de por vida a los servidores públicos que incurrieran en ese delito constituía una pena permanente y desproporcionada, contraria al artículo 22 constitucional.

Lo anterior, porque su imposición estaba prevista de manera automática, sin contemplar un mínimo y un máximo, lo que no permitía un análisis del caso concreto, la determinación de la gravedad del hecho ni la culpabilidad en la comisión del delito.

Por tratarse de materia penal, la declaración de invalidez surtirá sus efectos retroactivos al 1 de agosto del 2021, fecha en que entró en vigor la normativa impugnada.

El artículo 205 Bis de la citada norma prevé una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

La única sanción que ahora queda anulada es la inhabilitación vitalicia de sus cargos a los funcionarios de Baja California Sur que sean hallados culpables de esta conducta.