Ciudad de México.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) busca blindar los procesos de revocación de mandato que se promueven en las alcaldías del uso de recursos provenientes de partidos políticos.

Ayer, el IECM aprobó una serie de lineamientos de transparencia para el origen y destino del dinero utilizado por los integrantes de los comités promoventes del proceso de revocación, el cual permitiría retirar del cargo a funcionarios electos en el periodo electoral 2020-2021.

Se estipuló que los comités deberán entregar dos reportes con las actividades realizadas durante las jornadas de petición de firmas, así como sobre los recursos utilizados.

El objetivo es evitar que para el ejercicio ciudadano se haga uso de financiamiento de organizaciones privadas o de índole político, como partidos o sindicatos.

Todos los recursos deberán ser enteramente vecinales, apuntó el IECM.

Para las operaciones en efectivo, se fijó un monto máximo de 145 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a 15 mil pesos.

El representante de Morena ante el IECM, Eduardo Santillán, cuestionó las atribuciones del Instituto para realizar las fiscalizaciones del proceso.

“ Coincidimos en que debe de haber claridad, transparencia y legalidad en los recursos () pero en la Ciudad de México existe un vacío legal al no contar con la normativa equivalente al nivel nacional, por lo que nos preocupa el sustento legal para llevar a cabo este ejercicio”, aseguró Santillán.

En cuanto a la presentación de los reportes por parte de los comités, Santillán apuntó que no se establecieron sanciones por no cumplir con lo establecido.

En tanto, el consejero electoral Mauricio Huesca precisó que, aunque la figura de revocación es imperfecta en la propia ley, el trabajo del Instituto se ha enfocado en adelantarse a las lagunas de procesos como estos, además de fijar un marco de normas para la etapa informativa, una vez que se concluya la recolección de firmas.

“ La preocupación esencial de la institución es garantizar a la ciudadanía los orígenes de estos recursos, porque finalmente hay muchos intereses importantes, que pueden tener diferentes fuentes prohibidas, desde el propio crimen organizado, servidores públicos, gobiernos y empresas”, dijo Huesca.

“ Lo que estamos previendo es que no haya propaganda sistematizada o un desbordamiento sustantivo de recursos que pueda ser atípico, y no con el ánimo de sancionar, sino de evidenciar con la ciudadanía”.