Piedras Negras, Coah.- Cuando menos cuatro denuncias por presuntos delitos electorales, se han documentado en lo que va del actual proceso electoral local 2023, señaló Esteban Sánchez Cabello, fiscal especializado en delitos electorales del estado de Coahuila.

Indicó que son considerados delitos electorales, los que sean cometidos por cualquier persona en periodo de campañas o en la jornada electoral, cuando alguien incurra en presión al electorado, o el funcionario de casilla permita a una persona votar sin tener el derecho de hacerlo.

“ Es necesario que se conozca para que en su momento se denuncien y sancionen, es poca la incidencia en este proceso electoral se han recibido cuatro denuncias comparado con el proceso anterior que se presentaron más, a estas fechas se nota que es un proceso tranquilo”.

“ Dentro de los casos denunciados, dijo que una tiene que ver con una incompetencia, del proceso anterior, a otra persona le impidieron poner una manta; a un candidato le impidieron que varios autobuses llegaran a un evento proselitista y uno más por violencia política de género, de una persona que pretendía ser candidata”.

Añadió que son motivos de delito, cuando alguien solicite evidencia del sentido del voto, tomar foto y enviarla, la persona que la solicita comete un delito, es una conducta prohibida por la Ley General de Delitos Electorales.

Sánchez Cabello agregó que las denuncias por la solicitud de compra de votos, es la que presenta mayores dificultades para su probanza, por lo que reconoció que si hubiera denuncias con los mínimos requisitos de circunstancias, tiempo, modo y lugar, se avanzaría mucho.

“ A veces las personas que ponen la denuncia desisten, o los testigos se retractan de declarar”, dijo.

Para la jornada del cuatro de junio, mencionó que se tendrá despliegue de personal de la Fiscalía General del Estado en 87 puntos de orientación ciudadana con 487 personas que van a participar desde temprano hasta después del cierre de casillas.

De ahí los elementos se pueden trasladar de inmediato a hacer entrevistas a obtener todos los datos que permitan judicializar los asuntos, cuyas resoluciones pueden llevar hasta seis meses y en su caso mandarla al juez.