Ciudad de México.- Después de 28 años de estar preso en México y Estados Unidos, un tribunal federal ordenó liberar a Héctor Palma Salazar “El Güero Palma“, tras absolverlo del delito de delincuencia organizada en el último juicio que tenía abierto ante la justicia.

María Dolores Olarte Ruvalcaba, magistrada instructora del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Jalisco, determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del capo sinaloense.

“ (Se ordena) se realicen las gestiones necesarias con el fin de que se ponga en inmediata libertad a Jesús Héctor Palma Salazar o Héctor Luis Palma Salazar alias ‘El Güero Palma’, única y exclusivamente por lo que se refiere a las causas de que se trate, sin que lo que aquí se decidió afecte situaciones jurídicas diversas del nombrado”, dice la sentencia.

Martín Hernández y Carlos Villasana, abogados de “El Güero Palma”, confirmaron el fallo absolutorio, lo que técnicamente significa que el sinaloense abandonaría el Penal del Altiplano en las próximas horas, ya que no tiene ningún otro proceso penal pendiente.

Cabe decir que existe la posibilidad de que nuevamente pueda ser privado de la libertad, como sucedió hace dos años al salir de prisión, pues Palma estuvo arraigado con una investigación que continúa en curso y no ha sido presentada ante los tribunales.

Lo que hizo la magistrada Olarte fue darle cumplimiento a un amparo que el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco concedió a Palma contra su reaprehensión girada hace dos años.

En esencia, este martes el narcotraficante fue absuelto porque la FGR no localizó ni pudo presentar ante un juez a dos de los testigos protegidos que declaran en su contra y relatan su participación en diversas actividades dentro del crimen organizado.

Se trata de los testigos protegidos Javier Burgueño Urías y Marcelo Peña García, con nombres claves “César” y “Julio”, respectivamente, quienes rindieron sus testimonios en distintas averiguaciones previas, aunque no en la indagatoria ni en el proceso contra el capo.

Según los antecedentes, el 11 de julio de 2017 y el 22 de mayo de 2018 el juez responsable del proceso dictó unos acuerdos en los que dejó establecido que estaban agotados todos los medios legales de búsqueda y localización de ambos testigos.

La justicia federal estableció que en aquel momento la FGR no apeló en un plazo de 3 días esos acuerdos, lo que “tácita pero indudablemente” implicó que la Fiscalía estuviera conforme con esas determinaciones.

Por esa razón, cuando impugnó el amparo concedido al sinaloense, la Fiscalía intentó echar abajo esos acuerdos del juez, pero el colegiado dijo que el plazo para hacerlo ya había concluido desde hace mucho tiempo.

La delincuencia organizada es un delito que no existía en 1995, año en el que Palma fue detenido, pues la ley especial en la materia entró en vigor hasta el 8 de noviembre de 1996.

Palma Salazar fue detenido por el Ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995 e internado en el Penal de Occidente, de donde escapó “El Chapo” seis años después.

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de cárcel, pero sólo estuvo preso 9 años en prisiones del país vecino.

El 15 de junio de 2016 las autoridades estadounidenses lo deportaron a México y aquí le iniciaron dos juicios, uno del fuero común por homicidio y otro federal por el delito de delincuencia organizada. Al final, en ambos fue absuelto por falta de elementos.

En el proceso federal, originalmente fue absuelto el 30 de abril de 2021 por Víctor Francisco Chávez Romero, secretario en funciones de juez del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco.

Aunque el fallo le abrió las puertas de la prisión, después de 26 años de estar recluido, al salir del Penal del Altiplano fue retenido por la FGR y arraigado por un periodo de 40 días que luego fue ampliado por otros 40.

Palma no cumplió los 80 días bajo la medida precautoria porque el 12 de julio siguiente el magistrado José Luis González, titular del Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco, con sede en Zapopan, revocó la sentencia absolutoria y libró la reaprehensión.

Al día siguiente, el compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió al Altiplano, lugar donde a la fecha permanece.

El traficante presentó un amparo contra este fallo del magistrado González que lo devolvió a la cárcel.

El 18 de febrero del 2022 el Tercer Tribunal Unitario Penal de Jalisco le otorgó la protección de la justicia, resolución que impugnó la FGR y que fue ratificada el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado de la entidad.

La acusación por delincuencia organizada tiene como fundamento las declaraciones que rindieron los testigos protegidos Javier Burgueño Urías y Marcelo Peña García, con nombres claves “César” y “Julio”, respectivamente.

Los testigos relacionan al sinaloense con el aseguramiento de 3 mil 288 kilos de cocaína, el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima.

También con el homicidio del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, perpetrados el 18 de mayo de 1995, en esa entidad.

Además, lo vinculan con el aseguramiento de una avioneta con 12 millones de dólares en San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995, y el robo de droga en la subsede de la Delegación Estatal de la PGR en San Luis Río Colorado, el 21 de mayo de 1997.

Dicho cargamento fue robado por Eduardo Barraza Gastélum “El Pony”, supuestamente por órdenes de “El Güero” Palma, comunicadas a través de José Ramón Laija Serrano “El Colo”, operador del grupo delictivo.

El narcotraficante fue juzgado y absuelto en el fuero común del doble homicidio en Nayarit, tras ser deportado en 2016 de Estados Unidos.