Washington.-  En mayo del año pasado, un equipo de agentes federales que perseguía a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tuvieron un golpe de suerte.

A través de una combinación de datos electrónicos e inteligencia, los agentes habían dado con el paradero de uno de los hijos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, en Sinaloa.

Ansioso por entrar en acción, el equipo se preparó para trabajar con el Ejército Mexicano e ir tras Guzmán Salazar, uno de los criminales más buscados del mundo.

Sin embargo, de acuerdo con registros obtenidos por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos les pidió al final que emprendieran la retirada.

La DEA, otra dependencia federal, investigaba por separado a los hijos de “El Chapo” y se creía que cualquier medida para arrestarlos podría trastocar esa investigación, o incluso costar vidas.

Bajo las mejores circunstancias, es difícil para agentes federales estadounidenses perseguir a capos de la droga en México, donde se les requiere trabajar con socios locales que a menudo pueden ser poco confiables.

A pesar de esto, el episodio que involucró a Guzmán Salazar, uno de los cuatro hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, apunta a un problema más cercano a casa: las rivalidades que pueden surgir cuando distintas agencias de imposición de justicia van en pos de los mismos blancos.

La disputa en este caso enfrentó a funcionarios de la DEA, que ayudaron a presentar una extensa acusación contra “Los Chapitos” en Nueva York, con fiscales federales y agentes en Chicago, Washington y San Diego, que unieron fuerzas para presentar su propio caso contra los hijos de “El Chapo”.

Las raíces de la pelea se remontan al otoño del 2021, cuando altos líderes de la DEA se enteraron de que agentes en una de sus principales unidades de investigación, conocida como Grupo 959, tenían fuentes encubiertas que afirmaban tener conocimiento del animado negocio de fentanilo de “Los Chapitos”, reveló un alto funcionario de la DEA.

La fuente señaló que la DEA vio de inmediato la posibilidad de armar un caso importante que atacaría no sólo a los propios “Chapitos”, sino a toda su red de producción de fentanilo.

Con información de The New York Times