Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, debe presentarse este martes ante la Fiscalía de la Nación (general) para declarar en la investigación preliminar que se le ha abierto por las decenas de muertes que se produjeron en las manifestaciones antigubernamentales que se realizaron en el país entre diciembre y marzo pasado.

Boluarte, que es investigada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, ha sido citada desde las 09.00 horas (14.00 GMT) de este martes en la sede del Ministerio Público.

La presidenta aseguró la semana pasada que acudirá a la citación porque su intención es contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible” y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno.

Remarcó, sin embargo, que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general, Patricia Benavides, porque “es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley”.

La Fiscalía citó inicialmente a Boluarte para el 31 de mayo pasado, pero luego aceptó cambiar esa fecha para este 6 de junio, como parte de las pesquisas preliminares que abrió el pasado 10 de enero contra la gobernante y varios de sus ministros y exministros.

En la investigación también se ha incluido al primer ministro, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.

Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, pero este pidió que se cambie la fecha de esa citación.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.