Ciudad de México.- Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propusieron reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Buscan que no puedan designarse como embajadores o cónsules a los gobernadores y jefes de gobierno de la Ciudad de México de manera inmediata, posterior a la conclusión de su encargo en un periodo no menor de dos años posteriores a ésta.

A través de una iniciativa firmada por el coordinador Jorge Álvarez Máynez y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictaminación, se busca modificar el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. También para incorporar la paridad de género para dicha designación.

Se plantea modificar el primer párrafo del artículo 20 para incluir entre los requisitos para ser designado embajador o cónsul general que sea: “preferentemente, entre los miembros del Servicio Exterior de Carrera, respetando la paridad de género para dicha designación. Quedando exceptuada la designación conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la presente ley”.

En el documento se expresa que la ley vigente establece requisitos para garantizar el debido ejercicio de un cargo público que exige un alto grado de especialización, pero “en la práctica se siguen diversos intereses, nombrando a personas sin experiencia o formación diplomática”.

En la argumentación se indica que el nombramiento de diplomáticos mexicanos no debe darse “bajo actos de nepotismo y corrupción”, que violen la libre competencia profesional entre quienes realmente cubren los requerimientos legales y de preparación diplomática que se necesita para ocupar esos cargos.

Se pronunció por que exista mayor transparencia en esos procesos de designación e impulsar ordenamientos que fortalezcan la política exterior mexicana y contar con representantes capacitados para fomentar las relaciones internacionales con otros Estados.

Refiere que México es uno de los Estados que ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por lo que debe seguir impulsando acciones afirmativas para cerrar las brechas de desigualdad y de desventajas que enfrentan las mujeres en el ámbito político.

Asimismo, medidas para asegurar que los derechos de las mujeres sean respetados y así avanzar efectivamente hacia la igualdad de género en todos los ámbitos, en este caso los del contexto internacional, al considerarlos como personas servidoras públicas.

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No se puede dejar un tema tan importante y un logro de muchas mujeres en el transcurso de nuestra historia, donde tenemos la obligación de propiciar y garantizar los derechos políticos de las mujeres, de cara a las reformas constitucionales que ha emprendido nuestro país”.

Con información de Milenio.