Ciudad de México.- Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá invalidar los artículos y las porciones normativas del Código Penal Federal que sancionan con prisión a las mujeres que abortan en el país.

Así lo planteará en un proyecto de sentencia en la Primera Sala, que de ser avalado, tendrá efectos retroactivos en beneficio de las mujeres que se encuentren procesadas o sentenciadas por este delito y que son acompañadas por la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que interpuso un amparo al respecto.

Si el proyecto es respaldado por cuatro de los ministros de  la Sala, se establecerá jurisprudencia y el criterio será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. De lo contrario, solo aplicará para el amparo de GIRE. El asunto está previsto que sea discutido por la Primera Sala el próximo 6 de septiembre. 

En el proyecto se establece que, en caso de aprobarse la propuesta, se dejarán de aplicar las normas que criminalizan el aborto a nivel federal y que el fallo tendrá que ser acatado por cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, particularmente por el personal de salud involucrado en la interrupción del embarazo y por los agentes ministeriales que reciban las denuncias por estos hechos.

Además, como se trata de normas de carácter penal, Ríos-Farjat propone fijar efectos retroactivos en beneficio de las procesadas o sentenciadas por este delito.

El asunto derivó de un amparo en revisión, donde GIRE solicitó declarar inconstitucionales los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal. En primera instancia un juez de distrito consideró que el grupo carecía de interés legítimo y no estudió la demanda. Sin embargo, un Tribunal Colegiado determinó que la asociación sí contaba con interés para impugnar las normas.

Dichos artículos imponen una pena de prisión de seis meses a cinco años, a la mujer o persona con capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo; asimismo, ordena la inhabilitación de dos a cinco años para el personal de salud y las comadronas o parteras involucradas.

Margarita Ríos enfatiza también que la asociación civil GIRE se constituyó con la finalidad de defender, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y niñas, incluyendo sus derechos reproductivos, a la salud y a la igualdad y no discriminación. 

Información por Milenio