Ciudad de México.– Por primera vez, el Gobierno federal admitió la posibilidad de no poder resolver el caso Ayotzinapa e informó que buscan un mecanismo para heredarlo a la próxima Administración.

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Estamos en el proceso de definición de un mecanismo que permita dar continuidad a estas investigaciones, independientemente con el cambio de Gobierno que se pueda presentar dentro del próximo año”, afirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Encontrar el paradero de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, y castigar a los culpables fue uno de los 100 compromisos del Presidente López Obrador al inicio de su Gobierno y Encinas dijo que siguen en eso, pero afirmó que se busca dar “certeza” a los familiares.

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No es así, es darle la tranquilidad y certeza a los madres y padres de familia de que se va a hacer todo lo posible por encontrarlos. Y, en caso de que no se logre el hallazgo en este Gobierno, dar las garantías para que continúe la búsqueda, es un asunto de certeza y confianza con ellos”, afirmó.

El funcionario planteó varias recomendaciones como reforzar las 35 carpetas de investigación y averiguaciones previas que existen, gestionar con Israel y Estados Unidos las extradiciones de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y otros dos relacionados, identificados como Abraham “N” y Ulises “N”, incluso continuar y ampliar la investigación por la filtración de información de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), que dirigía Omar García Trejo, y continuar la búsqueda de los cuerpos en bodegas, crematorios y casas de seguridad.

Encinas presentó este medio día su segundo informe al frente de la Covaj, un documento ya descalificado por los padres de los normalistas desaparecidos, quienes acusan que retoma la narrativa de la “verdad histórica” que armó el ex Procurador Jesús Murillo Karam, y porque el Ejército se habría negado a entregar toda la información que tienen sobre el caso.

Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos, presentó las mismas conclusiones que en su primer informe, de agosto de 2022, el cual reconoció también por primera vez que no había indicios de que los jóvenes estuvieran con vida.

Sin embargo, en esta ocasión, inició admitiendo que no se pudo confirmar la autenticidad de las capturas de chats que él incluyó en su anterior informe. Encinas le dio poca importancia a este hecho, ya denunciado el año pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), e incluso bromeó con ello a lo largo de la presentación.

Si en el informe anterior, además, admitían que los estudiantes podrían haber sido asesinados todos, en el de hoy, Encinas señaló que ya no buscan cuerpos en fosas clandestinas, sino restos incinerados.

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Por el modus operandi de este grupo directivo (Guerreros Unidos, implicados en la desaparición) estamos buscando restos calcinados”, dijo.

A la presentación realizada en la Secretaría de Gobernación asistieron el Vocero del Presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas; y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, además del Subsecretario de Asuntos Religiosos, César Yáñez.

En el resto del informe, se repiten las conclusiones como la complicidad de los tres órdenes de Gobierno en la desaparición, la omisión para investigar y la fabricación de la “verdad histórica”.

Encinas repitió las tres posibles causas del secuestro y desaparición que había informado un día antes: confusión en “Guerreros Unidos” respecto a la presunta infiltración de “los Rojos” entre los estudiantes de Ayotzinapa, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes por parte del entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses que los alumnos habían tomado.

Encinas aseguró que el Ejército mexicano ha colaborado por completo en la investigación y que el mismo encontró en una de las oficinas militares uno de los documentos que integran el expediente y que estaba calificado como documento secreto.

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Los encontré yo en la oficina del titular de la Segunda Sección de Inteligencia en una oficina al lado de la del general secretario de la Defensa Nacional clasificada como ‘documento secreto’ y por instrucciones del presidente de la república las hicimos públicas después de la reunión que sostuvimos en el estado de Morelos”, indicó.

El subsecretario dijo que no teme a una represalia por parte del Ejército ni tampoco ser acusado por alteración de pruebas, como Murillo Karam, al haber incluido en su primer informe.

“Lo considero un insulto”, dijo por la comparación y afirmó que las capturas de chats tenían otros soportes probatorios y que, finalmente, él está obligado a incluir toda la información que le llega.