Piedras Negras.- Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció ayer que propondrá en la sesión Especial 3 de la Legislatura de Texas, castigar con un mínimo de 10 años de cárcel a quien colabore o apoye a migrantes en su cruce hacia Eagle Pass, el Gobierno federal y el Instituto Nacional de Migración (INM) incumplieron a las autoridades estatales con el envío de 50 agentes migratorios que apoyarían a reforzar los operativos que realiza Coahuila, los cuales permiten reducir el flujo de migrantes diarios, de 3 mil a 717 cruces en promedio.

De acuerdo con Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública estatal, esta semana se registró una importante disminución en la llegada de migrantes a esta frontera, gracias a las estrategias que realizan en coordinación con las autoridades texanas, y con el blindaje propuesto entre ambos países.

Sin embargo, la funcionaria estatal lamentó que el INM no cumplió con el envío de inspectores para esta crisis migratoria, por lo que se ha trabajado con el mismo personal federal, mientras las corporaciones estatales y municipales apoyan en los operativos, y destacó además el diálogo binacional estatal para destrabar la revisión exhaustiva en el puente de Acuña- Del Río y la apertura del Puente Internacional 1 en Piedras Negras.

Villarreal Pérez detalló que se continúa con los operativos espejo en las vegas del río Bravo, debido al acuerdo que se tiene entre los estados de Texas y Coahuila, sin descuidar la responsabilidad de otras fronteras, por lo que el número de cruces va a la baja, ya que el martes se reportó el cruce de solo 717 personas a Eagle Pass, cuando la ultima semana se tenía un cruce promedio de 2 mil 500 a 3 mil personas por día.

Especificó que se espera la apertura vehicular del Puente Internacional número 1.

Endurecerán penas

A la par de las detenciones de una mujer y dos hombres por traficar con migrantes, que realizaron agentes de Eagle Pass y la Patrulla Fronteriza en las últimas 48 horas, el Gobernador texano reiteró que se debe poner un alto a quienes “ayudan” o colaboran con el tráfico de personas y propician situaciones de crisis en la frontera como las vividas desde el pasado 15 de septiembre.

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Los residentes de EU que incitan el tráfico de personas deben ser detenidos. Texas impondrá una pena de cárcel mínima obligatoria de al menos 10 años a cualquiera que sea sorprendido traficando migrantes ilegales. Trabajaré con la Legislatura de Texas para aprobar esto”, dijo.

Por su parte, el Comité Senatorial de Seguridad Fronteriza de Texas consideró el martes una legislación que crearía un nuevo delito a nivel estatal para la inmigración ilegal y aumentaría las sanciones penales para los contrabandistas que operan una “casa de escondite”.

El Proyecto de Ley Senatorial 11 del senador estatal Brian Birdwell, republicano por Granbury, crearía un delito menor Clase A para personas que crucen a Texas desde una nación extranjera fuera de un puerto de entrada oficial, y un delito grave de cárcel estatal para reincidentes.

El Proyecto de Ley Senatorial 4 del senador estatal Pete Flores, republicano por Pleasanton, establecería una sentencia mínima obligatoria de 10 años por tráfico de personas, operación de una “casa de escondite” o evasión de arresto.

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La intención de esta legislación es perseguir a quienes se lucran y ponen en peligro las vidas de personas inocentes”, dijo Flores, afirmando que las penas actuales son “demasiado bajas” para disuadir eficazmente a los contrabandistas.

Temen por ayuda de buena fe

Senadores de Texas expresaron su preocupación de que el proyecto de ley pueda ser demasiado amplio y perjudicar a quienes ayudan o transportan migrantes sin saberlo.

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No quiero que el conductor del autobús de la iglesia se encuentre en una situación de contrabando porque, por su propia buena fe, está recogiendo personas para ir a la iglesia el domingo por la mañana”, dijo Brian Birdwell.

Pete Flores reiteró que la intención de la ley es atacar a los traficantes de personas. Los familiares que transporten o alojen a sus parientes indocumentados no estarían sujetos al mínimo obligatorio de 10 años, pero aún enfrentarían cinco años de prisión según la ley.