De acuerdo con antecedentes, el 31 de octubre de 2022, el agente del Ministerio Público recibió una promoción de la quejosa solicitando la prescripción de la acción penal y, por ende, la cancelación de la orden de aprehensión.

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso señaló que no estaba en posibilidad de atender la petición porque la carpeta de investigación ya fue judicializada, por lo que tenía que ponerse a disposición del juez de control que ordenó su captura.

El magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, consideró que el Ministerio Público sí tenía la facultad de pronunciarse sobre el fondo de la petición, donde la hermana de Karime Macías aseguró que ya transcurrieron los cinco años que establece la ley para decretar la prescripción del supuesto delito.

Sin embargo, mencionó que la petición de Mónica Ghihan no estuvo acompañada de datos de prueba, por los hechos que se le imputan, por una probable defraudación fiscal equiparable por omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 16 de octubre de 2016.

Al respecto, el magistrado Juan José Olvera López se pronunció por negar el amparo, pero no coincidió con lo expuesto por su homólogo, sobre la facultad del fiscal de pronunciarse sobre el fondo del asunto; señaló que el pronunciamiento le corresponde al juez de control.

“ Debe negarse el amparo porque el fiscal no tiene la obligación de pronunciarse, como se lo dijo a la quejosa”, expresó.

Por su parte, el magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio mencionó que este asunto tiene un “alto grado de dificultad”. No obstante, se sumó a la propuesta del magistrado Olvera López, es decir, que en este caso es el juez de control quien debe pronunciarse sobre la petición de la prescripción de delito.

Por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado determinó negar la protección de la justicia a Mónica Ghihan Macías.

Información por Milenio