Es el economista Santiago Levy, un convencido de las bondades del libre mercado en la economía, que fructifican en bien de la sociedad, siempre y cuando los gobiernos, elegidos democráticamente, respeten y robustezcan el estado de derecho, minimicen la informalidad laboral, combatan la corrupción e incentiven la competencia en los sectores productivos.

Es probable, que esa cosmovisión, que tiene de la realidad económica, casi estandarizada para cualquier país; se deba a su formación académica, o mejor decirlo en términos coloquiales: así lo enseñaron a pensar sus profesores.

El mantener una rígida posición ideológica, en un mundo plural en donde todas las voces deban tener cabida, es válida y respetable. No es políticamente correcto que alguien pretenda monopolizar la ideología económica.

Se graduó en una universidad estadunidense, y obtuvo el doctorado en ciencias en el área económica; en el pregrado y posgrado académico, fue galardonado con las distinciones: Cum Laude y mención honorifica, respectivamente.

Ocupó la Subsecretaría de Egresos de la SHCP entre 1994 y 2000, posteriormente se hizo cargo de la dirección general del IMSS (2000-2005). Durante su estancia en la Secretaría de Hacienda, manejó el programa Progresa, que dispersaba recursos públicos, a través de transferencias focalizadas a las familias más pobres del país.

Por otro lado, en todos los libros y ensayos que ha escrito ha sido fiel a su forma de concebir a la economía; algunos de los nombres: Buenas Intenciones, Malos Resultados (2008); y Esfuerzos Mal Recompensados, La Elusiva Búsqueda de la Prosperidad en México (2018).

En septiembre de este año, junto con el economista, Luis Felipe López, publicaron el ensayo: ¿Qué Falló? México 1990-2023. El trabajo lo dividen en dos periodos.

El primero de ellos, lo acotan entre 1990 y 2018, en el cual muestran con información recopilada de los censos económicos levantados por el Inegi, que las políticas públicas sociales y económicas no lograron en 28 años, mejorar las condiciones de bienestar de la población, ni mucho menos, erradicar la pobreza extrema.

El crecimiento promedio del PIB per cápita fue minúsculo, no llegó al 1.5%. A pesar de que se privatizaron empresas públicas, se firmaron acuerdos internacionales de libre comercio, se consiguió la estabilidad macroeconómica, se crearon órganos de regulación independientes del Gobierno, el Banco de México obtuvo su autonomía, y el Inegi la consolidó, así como la escolaridad promedio de los trabajadores pasó de 6.4 a 9.7 años de estudio, aumentó 44 por ciento.

¿Por qué México, después de casi tres décadas sigue siendo pobre? Para los autores del artículo, la causa raíz de las fallas de mercado, fueron la informalidad y la avasalladora corrupción.

Se fomentó la informalidad –como consecuencia de ella, decreció la competencia empresarial y productividad laboral– por el régimen jurídico del aseguramiento social, el cual no fue universal y propició la segregación de trabajadores con derechos sociales, y muchos otros carentes de ellos.

Los paliativos hacendarios que se diseñaron, ante la falta de ese sistema social para todos, como la estructura de impuestos y subsidios, lo único que consiguieron fue deformar el desarrollo de las empresas.

El otro componente del atraso, se atribuye a la corrupción encabezada por diversos grupos de poder económico en colusión con funcionarios de Gobierno.

De 2019 a 2023, los articulistas argumentan que todavía es muy prematuro emitir una evaluación seria y responsable sobre el actual régimen político; no obstante, esbozan, que las políticas socioeconómicas del sexenio tienen más similitudes que diferencias con el reciente pasado económico.

Leyendo entrelíneas el escrito anterior, se puede intentar esclarecer su contenido. La protección social universal implica que todos los residentes en México, tengan derecho gratuito a la atención médica, a través de la fusión de los institutos (IMSS, ISSSTE) de seguridad social; también se extiende a crear el seguro de desempleo, al que tendrían acceso los trabajadores, que por diversas razones se encuentren fuera del mercado productivo.

Estos, ambiciosos proyectos se financiarían con recursos provenientes de impuestos gravados al consumo (IVA, ISPS…), lo que necesariamente implica una reforma tributaria, que suba impuestos y amplíe la base de los contribuyentes.

La tasa cero y las exenciones impositivas desaparecerían, entre ellas, la del consumo de alimentos.

Al quitarse las contribuciones patronales a los institutos de seguridad social, obviamente la Ley del Seguro Social, ya no tendría razón de ser; que se considera regresiva por la cuota fija, que establece del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Paga más, proporcionalmente a su ingreso, el trabajador que gana un salario mínimo, que el que percibe más de uno; este tipo de subsidio se eliminaría, así como el “impuesto a la salud”, que grava a las empresas, las cuales tendrían más incentivos para invertir, y con ello, aumentar su plantilla laboral. http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/covid/LEVY.pdf Se puede apreciar que todo el andamiaje propuesto se centra en el aumento de la recaudación de impuestos indirectos (consumo) cuyo pago no es progresivo, porque mantiene una tasa fija, que no considera el monto del ingreso del trabajador.

Lo que recomienda el articulo es sumamente controversial, que difícilmente tendría cabida en la configuración de la política económica de los próximos gobiernos de México, que seguramente se sustentaran en el planteamiento económico y social, que delineó la 4T, contraria a subir impuestos y eliminar subsidios gubernamentales a la población.

Sin embargo, es conveniente explorar, algunas de sus ideas, particularmente aquellas dirigidas a combatir la corrupción.