Piedras Negras, Coah.- Propietarios de ranchos y responsables de reservas protegidas de Coahuila denunciaron ante autoridades federales y estatales una matanza de ejemplares de venado raza Elk, que fue perpetrada sin permiso alguno por originarios de Múzquiz y la Región Centro.

Los propietarios y responsables de ranchos como Sierra Hermosa, LA Azufrosa, San Felipe, Buenos Aires y otros más pidieron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, así como ante la Semarnat, Semac, Profepa y al 14 Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Múzquiz, avanzar en esta investigación, ya que los hechos fueron denunciados hace ya varias semanas sin que haya resultado.

En la queja ante las autoridades, en su mayoría federales, se señala que la matanza ocurrió el pasado 16 de septiembre y desde entonces se interpuso la querella en el Ministerio Público federal, sin que hasta ahora haya avanzado el asunto.

Los inconformes explicaron que “lampareando” a los venados durante la noche, y de forma ilegal, hombres, plenamente identificados y señalados como Pepín “N”, el médico Urbano “N”, así como varios contratistas que explotan minas de flourita en esta región, abatieron a cinco ejemplares de la raza Elk.

Esta especie exótica de venado se considera protegida, y fue introducida para la conservación silvestre desde hace dos o más décadas, por lo que se requieren de permisos especiales y de la aprobación de los dueños de los ranchos para su cacería, ya que fueron establecidos principalmente en las zonas de reserva.

Los dueños de los ranchos, reiteraron que los señalados por la matanza de estos venados piensan que porque los ejemplares están libres en esos ranchos los pueden matar sin permiso alguno.

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Los venados raza Elk son una especie exótica introducida hace mas de 20 años a esas zonas de reserva, para su cacería se requiere de un permiso especial y autorización de los dueños de ranchos.

La denuncia ante el Ministerio Público federal sigue sin avances, aunque la pena por matar a una especie protegida contempla una pena de uno a nueve años de prisión y trescientos a 3 mil días de multa.