Ciudad de México.-El Senado agendó para su sesión de hoy un dictamen de reforma constitucional que permitiría la reinstalación de policías, fiscales y peritos destituidos que ganen sus juicios, prohibida desde hace décadas.

Si la reforma es aprobada, se pondría fin a la prohibición de reinstalar a este tipo de personal en sus cargos, vigente desde marzo de 1999 para los policías de todos los niveles, y desde junio de 2008 también para fiscales y peritos.

La reforma original al artículo 123 de la Constitución, impulsada a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, derivó de repetidos intentos fallidos para depurar a corporaciones como la entonces Policía Judicial Federal, a la que fácilmente regresaban elementos separados por sospechas de corrupción luego de ganar juicios laborales por despido injustificado.

Uno de los problemas que provocaron la reforma de 1999 fue que muchos de estos juicios no eran ganados acreditando que el policía estaba limpio, sino por fallas formales y errores de procedimiento durante los procesos para removerlo.

El dictamen a discusión en el Senado, aprobado en abril pasado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, deriva de una iniciativa “en materia de dignidad policial” que presentó la senadora panista Gina Andrea Cruz Blackledge.

Según el dictamen, el personal de seguridad publica y procuración de justicia en México es víctima de un sistema discriminatorio que no existe en ningún otro país de América Latina, por el cual solo tienen derecho al pago de indemnización si demuestran que su despido fue injustificado, pero en ningún caso pueden ser reinstalados.

La redacción propuesta para el artículo 123, que busca “una nueva relación entre el Estado Mexicano y los cuerpos de seguridad“, sería la siguiente:

“Si la autoridad judicial competente determina que la separación, remoción, cese, baja o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la autoridad responsable estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que se tenga derecho o la reincorporación al servicio en los términos de ley”.

La iniciativa original establecía tanto la indemnización como la reinstalación en todos los casos, pero las comisiones la matizaron, de tal forma que sea una cosa o la otra, según determine en tribunal respectivo y con base en reformas a leyes secundarias federales y estatales, que tendrían que aprobarse en los 180 días siguientes a la publicación de la Constitucional.

“Estas comisiones dictaminadoras expresan su más amplio reconocimiento al esfuerzo que han realizado diversas agrupaciones de miembros de cuerpos policiacos y de procuración de justicia que durante un largo tiempo han buscado la aprobación de la reforma en estudio y con quienes en distintas ocasiones los integrantes de las comisiones y otros legisladores sostuvieron reuniones de trabajo”, dice el dictamen, que requiere aprobación de dos terceras partes de los senadores y diputados.