«El sistema de justicia enfrenta una profunda crisis», advierte el periodista Gerardo Moyano en el número reciente del bisemanario Espacio 4. «A pesar de que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2023 revela que el 92.4% de los delitos no se denuncia. El sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica además que de los delitos reportados en el último año, el Ministerio Público sólo inició investigaciones en el 69.3% de los casos, lo cual refleja la ineficacia del aparato judicial».

Moyano presenta la otra cara de un Poder Judicial (PJ) idealizado por los detractores de la 4T: «La confianza en las instituciones también arroja luz sobre el problema. Mientras las Fuerzas Armadas, los pequeños negocios y organismos gubernamentales como el Insabi, las escuelas públicas, el ISSSTE y el IMSS se ubican entre las más confiables, los jueces y magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la policía y los ministerios públicos son percibidos como más corruptos, según el Ranking de Confianza en las Instituciones Públicas 2023 de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

»En este contexto, la mayoría de los encuestados por MCCI atribuye la corrupción a la impunidad (34%) y a gobiernos anteriores (34%). Esto respalda la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su enfrentamiento público con los ministros de la Suprema Corte, a quienes acusa de aferrarse a un presupuesto “rapaz” y de avalar un “golpe de Estado” en Nuevo León, entre otras imputaciones. En respuesta, AMLO amenaza con realizar una consulta ciudadana acerca de si los jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos por voto popular. Aunque la viabilidad legal de esta medida es cuestionable, dado que la propia Suprema Corte debe evaluar su constitucionalidad, podría influir en la percepción pública y presionar a los legisladores.

»De ahí que insista en que la renovación “tajante” del sistema de justicia se convierta en un tema central de las campañas de candidatos a diputados y senadores en 2024. “Que los ciudadanos les pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que, si llegan (al cargo) van a aprobar una reforma constitucional (en materia judicial) (…) O sea, que sea un tema de campaña (…). Se tiene que tener mayoría de votos en la Cámara, mayoría calificada, dos terceras partes, ese es un motivo para votar. Es así. Va a haber un emplazamiento”, dijo en conferencia de prensa (30.08.23).

»El cadillo de la 4T parece preparar el terreno para que sea su potencial sucesora, Claudia Sheinbaum, quien cumpla con el que será uno de los grandes pendientes de su sexenio. En este sentido, el pasado 3 de diciembre, la precandidata presidencial de Morena integró al exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, al equipo que elaborará su “Proyecto de Nación” y definirá las acciones de su Gobierno en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

»Zaldívar, quien causó un revuelo mediático al renunciar a su puesto en la Corte el pasado 7 de noviembre, ha evitado pronunciarse sobre la elección de ministros, pero ha señalado que su apoyo a Sheinbaum es “para consolidar la transformación del país”. ¿Se acerca el fin del nepotismo, la opulencia e impunidad en los tribunales mexicanos? El panorama político se calienta y el 2024 se vislumbra como un punto de inflexión en la transformación del Poder Judicial. (…) En 2017, un estudio liderado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, reveló que familiares de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales de 31 estados. Estas “redes clientelares” se extendían a más de 7 mil servidores públicos, según la investigación entregada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la SCJN».