Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la nacionalización y ocupación inmediata de la planta productora de hidrógeno U-3400, ubicada dentro de Tula, Hidalgo, vendida en 2017 a la empresa Air Liquide en 52 millones 700 mil dólares, y que ahora deberá suministrar ese elemento para la producción de gasolinas y diésel.

“ Se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, y demás mejoras de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la fracción de terreno de 6 mil 451 metros cuadrados al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo”, ordenó en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“ Se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, de: el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la Planta de Hidrógeno U-3400 de la Refinería Miguel Hidalgo; los demás bienes, derechos e instalaciones necesarios para la prestación del servicio o la adecuada operación de la planta ya señalada”, agrega.

López Obrador justificó su orden por el aumento de la demanda de hidrógeno para reducir el uso del azufre, más contaminante, en la elaboración productos petrolíferos, así como la soberanía energética.

“ Actualmente no existe autonomía de suministro de hidrógeno porque hay dependencia de un tercero y la planta U-3400 es la única fuente de suministro de hidrógeno para el proceso de la Refinería Miguel Hidalgo, lo que pone en riesgo la producción principal de gasolinas y diésel”, indica.

La planta productora de hidrógeno U-3400 fue vendida por Pemex a la empresa Air Liquide México, S. de R.L. de C.V, quien se comprometió a trabajos de mantenimiento y renovación, pero ahora se ordenó la ocupación inmediata por Pemex mediante el pago de una indemnización que estipulará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

El decreto presidencial establece un plazo de diez días hábiles para que los dueños puedan iniciar un procedimiento judicial.

“ Con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, indica el documento.