Ciudad de México.- La expropiación de una planta de hidrógeno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es una medida autoritaria y solo generará un ambiente de incertidumbre en el sector de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, alertó el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez.

El secretario de la Comisión de Presupuesto también cuestionó la transparencia de la decisión tomada, pues no se sabe el monto de indemnización ni las condiciones en que se realizará.

López Obrador expropió el viernes dicha planta de hidrógeno, ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, y que fue vendida en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la empresa francesa Air Liquide, en 52 millones 700 mil dólares.

La planta fue declarada de utilidad pública y se ordenó la indemnización a los dueños, con base en un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

El objetivo es que se surta de hidrógeno a Pemex para la refinación de diesel y gasolina, a fin de dejar de usar azufre, de acuerdo al decreto de expropiación.

“Esta incertidumbre en la seguridad de inversiones crea un desincentivo peligroso para la atracción de capitales y marca un sello característico de gobiernos autoritarios.

“Sin duda, esta acción tendrá costos negativos en las valoraciones crediticias y de grados de inversión en nuestro país”, advirtió el legislador.

Explicó que la expropiación de la planta generadora de hidrógeno se da en el momento en que Pemex vive la peor crisis de pago a proveedores y su liquidez está en los niveles más bajos.

Mencionó que la planta suministraba hidrógeno a Pemex para la refinación, es decir, era un proveedor de la empresa.

Expresó la posibilidad de que existieran adeudos hacia la misma.

” Ahora, en lugar de pagar el suministro ahora se expropia la planta. En este punto sería importante conocer los alcances de las obligaciones de la empresa Francesa y conocer si existen motivos de incumplimientos para argumentar la expropiación, ya que el término de utilidad pública es extenso y ambiguo”, señaló el legislador de la Ciudad de México.

Señaló que corresponderá al Gobierno mexicano demostrar dicha utilidad.

En ese contexto, añadió que el Gobierno mexicano no reveló los montos de indemnización a los que tendría derecho la empresa francesa.

“Todo esto se da en el marco de dos trimestres de 2023 con fuga y pérdidas de capitales en el país, acumulando hasta septiembre de este año una fuga de capitales de por lo menos 7 mil 400 millones de dólares”, subrayó.

Mencionó que el Ejecutivo federal genera un ambiente de desconfianza, cuando al inicio de su gobierno trató de generar certidumbre entre los inversionistas.

“En los principios de su gobierno, López Obrador había manifestado que durante su administración no habría expropiaciones, a manera de dar un mensaje de certidumbre a las inversiones extranjeras en el país.

“La realidad ha sido que, al paso de los años, ya ha decretado la expropiación de tramos de concesiones de trenes, como el caso de Ferrosur; a lo que se suma el hostigamiento a varias concesiones mineras; y ahora asesta un golpe directo a la planta de hidrógeno en Tula, concesionada a una empresa francesa”, puntualizó.