A pocas horas de que se venza el plazo hasta el primero de enero que dio el máximo tribunal al gobierno para acatar la sentencia, las autoridades aún no han aclarado cómo va el proceso para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retome el manejo operativo y administrativo de la Guardia Nacional, que tuvo desde el 2019 cuando se creó el cuerpo en reemplazo de la extinta policía federal y que perdió el año pasado por una reforma legislativa.

Aunque a inicios de mes López Obrador se mostró renuente a que la Guardia Nacional saliera del control del ejército alegando que eso generaría “muchos problemas”, semanas después el gobernante cambió de opinión.

En su conferencia matutina del 18 de diciembre López Obrador afirmó que acataría “sin ningún problema” la resolución de la Suprema Corte, con la que mantiene tirantes relaciones, y admitió que “no tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional”.

Sin ofrecer detalles, el gobernante dijo que “ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa”.

The Associated Press solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana una reacción sobre cómo marcha el proceso de transferencia de la Guardia Nacional a manos civiles, pero de momento no hubo comentarios.

Desde septiembre del año pasado la Guardia Nacional quedó bajo el control del ejército luego de que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma impulsada por López Obrador en esa materia. Los legisladores también aprobaron una reforma para extender hasta el 2028 la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Las reformas desataron fuertes críticas de opositores, activistas y organizaciones humanitaria que acusaron al gobernante de profundizar la militarización de México al dejar en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública, algo que López Obrador había rechazado años antes de llegar al poder cuando se comprometió a sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles.

Las fuerzas militares han cumplido desde 2006 un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.

En abril la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma en materia militar y dio un plazo de ocho meses al gobierno para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asumiera el manejo administrativo y operativo de la Guardia Nacional, tal como se prevé en la Constitución. Al rechazar la sentencia, López Obrador declaró en ese momento que mantendría la corporación bajo el mando de un general retirado y recibiendo formación y apoyo militar.

De los 126 mil elementos que integran la Guardia Nacional, más del 80% provienen del ejército y la Marina, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para contrarrestar la sentencia de la Corte, el mandatario anunció que enviará al Congreso en el 2024, en el último año de su sexenio, un proyecto de reforma constitucional para que la Secretaría de Defensa pueda tener el manejo de la Guardia Nacional y asegurar que el cuerpo “no se eche (a) perder”.

Durante su administración, que se inició en el 2018, López Obrador ha sustentado su política de seguridad sobre los hombros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional y los ha desplegado por todo México para hacer frente a las organizaciones criminales y carteles de la droga que manejan poderosos armamentos, pero según los analistas esa política ha resultado ineficiente debido a que es reactiva y no está respaldada en una planeación y un trabajo de inteligencia, lo que han rechazado las autoridades.

Activistas y organizaciones humanitarias también han cuestionado que el gobierno federal no haya reforzado las policías locales y estatales con equipamiento, personal y presupuesto como parte de las políticas de seguridad.

Mientras corren las horas surgen las dudas de si el gobierno acatará total o parcialmente la sentencia de la Suprema Corte. Al respecto, el abogado Sergio Méndez, integrante de la organización civil local Fundación para la Justicia, dijo a la AP que la resolución del máximo tribunal es de “cumplimiento obligatorio” para el Ejecutivo, y afirmó que de no acatarse las minorías parlamentarias que presentaron la acción legal contra la reforma militar podrían acudir a la Corte para solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio contra López Obrador “que podría derivar en la separación del cargo”.

“A ocho meses que se argumente que no se puede cumplir la sentencia me parece que no habría una justificación válida”, agregó Méndez.