Londres.- Amnistía Internacional (AI) pidió este martes la liberación de Julian Assange ante su próximo juicio de extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática con posibles penas de hasta 175 años de cárcel.

La portavoz de AI sobre justicia criminal, Julia Hall, instó a Washington a retirar los cargos y permitir la salida en libertad del fundador de WikiLeaks, que está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh desde el 11 de abril de 2019.

Assange afronta los días 20 y 21 de febrero la recta final de su proceso judicial en el Reino Unido, cuando, después de escuchar a las partes, el Tribunal Superior decidirá si le autoriza a seguir recurriendo en este país.

Si no es así, el informático australiano podría ser extraditado por el Gobierno británico o sus abogados elevarán su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hall dijo hoy que la entrega de Assange por las revelaciones de su portal -que en 2010 expuso presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán- “pondría en riesgo a todos los editores y periodistas de investigación del mundo”.

La activista advirtió del peligro para la libertad de prensa de imputar a un periodista al amparo de la Ley de espionaje estadounidense de 1917, “una legislación de tiempos de guerra que nunca tuvo como objetivo atacar el trabajo legítimo” de los profesionales de la información.

“ Assange sufrirá personalmente por estas acusaciones de motivación política y los medios (de comunicación) se darán cuenta de que ellos tampoco están a salvo”, afirmó. 

“ El derecho del público a estar informado sobre lo que sus gobiernos hacen en su nombre se verá profundamente socavado”, añadió. 

Hall recordó que la vida del antiguo ‘hacker’, que presenta riesgo de suicidio, correría peligro si eventualmente fuera recluido en régimen de aislamiento en una prisión estadounidense, y puso en duda las garantías en este sentido ofrecidas por la Administración estadounidense durante el proceso.

Amnistía mantiene que, si Assange es extraditado, “se sentará un precedente peligroso en el que el Gobierno de Estados Unidos podría solicitar la entrega de editores y periodistas de cualquier parte del mundo“, pues ni él es estadounidense ni los supuestos delitos de los que se le acusa se cometieron allí.

La organización asegura que este proceso pone a prueba el compromiso de las autoridades estadounidenses y británicas con “los principios fundamentales de la libertad de prensa, que sustentan los derechos a la libertad de expresión y el derecho del público a la información”.