Ciudad de México.- Un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión librada contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, el único caso de la Estafa Maestra en el que se ha imputado un delito con prisión preventiva de oficio.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México concedió a la ex funcionaria el amparo contra el mandamiento de captura y ordenó al juez de la causa resolver otra vez si debe o no librar la aprehensión o, en su caso, emplear otra vía legal para que Robles se presente a una audiencia y afronte la justicia.

El colegiado estableció que el juez de control no argumentó por qué la orden de aprehensión, y no una de comparecencia o un citatorio para una audiencia de imputación, era la forma más adecuada de presentar a la ex secretaria de Estado ante el juez y conducirla a proceso.

Ahora el caso volverá al juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez para que determine con libertad de criterio, de manera fundada y motivada, si debe librar otra vez la captura.

Al mismo tiempo, deberá fundamentar si efectivamente la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó la existencia de los dos delitos que le imputan a Robles, así como su probable intervención en ellos.

“  La concesión del amparo es para efectos de vicios formales por lo que no vincula a negar en automático la orden de aprehensión sino a realizar un nuevo estudio de la solicitud de orden que presentó la fiscalía con libertad de jurisdicción por la responsable”, dice el fallo de primera instancia, ratificado por el tribunal. 

El colegiado aprobó el proyecto de sentencia del magistrado Jaime Santana Turral, quien dijo que la FGR no ofreció ningún argumento para combatir el amparo concedido en primera instancia por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, el 11 de abril de 2023.

Santana dijo en la sesión del pleno que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada únicamente se limitó a repetir las consideraciones de la orden de aprehensión.

Este es un asunto en el que la FGR nunca quiso ejecutarle esta orden de aprehensión a Robles, ni cuando estuvo presa en Santa Martha ni cuando salió de la cárcel, el 19 de agosto de 2022, razón por la que nunca llegó a ser procesada por dicha imputación.

Si bien en este amparo le concedieron una suspensión contra la captura, los términos de esa protección no impedía a la Fiscalía aprehender a la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.

A la ex funcionaria le imputan en este expediente estar implicada en el supuesto lavado a través de “factureras” de 77 millones 847 mil 14.40 pesos que la Sedesol pagó la Universidad Autónoma de Morelos.

El dinero, en el papel, correspondía a un convenio del 1 de septiembre de 2014 en el que la Universidad se comprometía a levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

La FGR afirma que se trata de un desvío porque de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, solo se levantó un millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento, y nunca se probó que se practicaran las restantes.

En el caso del lavado, la Fiscalía señala que la Universidad de Morelos subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., pero ésta trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones, S.A. de C.V.

Una parte del dinero también se transfirió a Inmobiliaria Feyray, que en 2017 apareció en la lista de “factureras” que publica la Secretaría de Hacienda.

Robles ya fue absuelta en dos instancias por el caso en el que le atribuyeron la supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos en la Estafa Maestra, el asunto que la llevó a la cárcel.

Ese fallo aún no es definitivo porque está pendiente un amparo que presentó la Auditoría Superior de la Federación contra su absolución.