Saltillo, Coah.-  “No puede ser que la ciudad más grande de Coahuila no tenga una oficina para proteger al consumidor de los abusos que se puedan dar por parte de una empresa, un comercio o servicios bancarios”, dijo Jericó Abramo Masso, candidato a diputado por el Distrito 4 en Saltillo, quien recalcó que el mover las oficinas a Torreón responde a una errónea política de supuesta austeridad. 

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El tema es que Morena con un falso discurso de que iba ahorrar, quiso hacerlo con ese tipo de acciones en vez de ahorrar en obras como la refinería de Dos Bocas, donde se gastó tres veces más de lo que dijo, o el Tren Maya, que costó tres veces más de lo que dijeron que costaría, o el aeropuerto Felipe Ángeles, que costó 45% más del proyecto, pero además de forma opaca en el ejercicio de las cuentas públicas… se gastan 18 pesos allá y aquí quieren ahorrar dos centavos”, subrayó. 

En entrevista en el día 26 de campaña, habiendo recorrido más de 315 kilómetros, recalcó que esta ciudad debe contar con la presencia bien establecida de dependencias como la Condusef y la Profeco, como lo marca la ley. 

Destacó que el 34% de las denuncias que hay en Profeco son de los usuarios de telefonía celular o equipos electrónicos, mientras que el 16% es por boleteras de aviones, el 14% es contra tiendas de autoservicio. 

Habló de lo tortuoso y largo del proceso de un consumidor para hacer valer sus derechos. La parte digital toma unos tres meses, pero incluso este requiere de la ratificación presencial, por lo que el usuario tendrá que presentarse en la oficina de Torreón, igual que en la Condusef.

Olvido a la salud

Por otro lado, criticó la ausencia de presupuesto para los estados y la atención de los temas más sensibles como  violencia, la salud, y en materia de infraestructura no sólo no hay para la construcción de nuevas vías federales, sino para el mantenimiento de las existentes. 

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El recurso público es de los mexicanos; cada que toco una puerta buscando que la gente escuche nuestra propuesta, de cada 10 hogares, 5 o 6 me dicen que tienen problemas de salud y que no hay una solución real ni de atención médica ni de entrega de medicamentos, ni en el Seguro Social ni en el ISSSTE”.

Entre los planteamientos que presenta está ampliar 45 mil millones de pesos el recurso para estas instancias médicas, lo que representa un 35% de lo que actualmente tienen, con la obligación de que la mitad de ese dinero se emplee para infraestructura hospitalaria.