Ciudad de México.- La estrategia de combate a la corrupción presentada por Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, es insuficiente debido a que no resuelve los problemas de impunidad y uso político de las instituciones encargadas del control e investigación, consideró Marco Fernández.

El investigador de la organización ciudadana México Evalúa señaló que la propuesta tampoco libra el dilema de que la instancia de investigación de faltas administrativas, en este caso convertida en una Agencia Federal Anticorrupción, pertenece al propio poder Ejecutivo.

“La creación de esta Agencia Federal Anticorrupción me parece innecesaria, se trata de justificar bajo el supuesto de que se separa de la Secretaría de la Función Pública para ser una oficina especial que le reporta directamente a la Presidencia y hacer las investigaciones en términos administrativos del problema de la corrupción.

“Pero, la verdad, es que ahí no está el problema, sino que justo la Secretaría de la Función Pública, que tendría que hacer estas investigaciones, hoy no las hace”, señaló.

Como ejemplo de esta falta de imparcialidad, indicó, están los casos de corrupción denunciados este sexenio como son los desvíos en Segalmex; el mal uso de recursos en el programa la Escuela es Nuestra; así como el de las empresas beneficiadas por asignaciones en Pemex y donde hubo presuntos favores a un hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En todos esos casos, dijo, no han existido investigaciones efectivas para sancionar a los responsables.

Ayer, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien coordina la mesa de “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción” de la campaña de Sheinbaum, dio a conocer la propuesta en la materia.

Además de la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción, el ex panista informó que la propuesta considera ampliar los delitos de corrupción y las sanciones relacionadas con esta práctica, incluir en la Constitución el derecho a un ambiente libre de corrupción, reformar el Poder Judicial, evidenciar a empresas proveedoras del Gobierno y revisar Notarías.

“La propuesta tiene claroscuros, por un lado, me parece que hay aspectos técnicos rescatables, por ejemplo, cuando se establece la necesidad de mejorar y crear una ley general de compras públicas y establecer con mayor precisión o acotar los criterios para la excepción de las licitaciones.

“El problema es que no hay en la propuesta, y ahí está el corazón del asunto, quién es la autoridad encargada de verificar los supuestos a la excepción que permiten adjudicar una compra gubernamental y no hacer una licitación”, planteó Fernández

Otro aspecto que se menciona en la propuesta, señaló, es el de la profesionalización del servicio público, sin embargo, de acuerdo con la experiencia, esta promesa no se cumple pues cada cambio de Administración quienes llegan despiden al personal que está laborando y ocupan las plazas con su gente de confianza.

“Al inicio de esta Administración, la entonces titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval presionó a todos los funcionarios del servicio profesional de carrera a presentar sus renuncias, les hizo cierre de sus oficinas, bloqueo de computadoras, las condiciones para que forzosamente tuvieran que presentar su renuncia.

“Entonces, cuando nos dicen: ‘vamos a hacer otra vez lo del servicio profesional’, pues, ¿cómo van a evitar que este tipo de escenarios se vuelvan a repetir?”, cuestionó.